El juez de distrito Robert Hinkle emitió su veredicto apenas unas horas antes de que entrase en vigor el texto aprobado por la legislatura de Florida, dominada por republicanos.
Planned Parenthood había apelado tres partes de la medida que había firmado este año el gobernador, Rick Scott, incluida una cláusula que impide que cualquier organización que realice abortos reciba cualquier financiación local o estatal. Responsables de Planned Parenthood estimaron que esa cláusula impediría a sus clínicas recibir unos 500.000 dólares para pagar revisiones médicas y un programa de prevención de abandono escolar.
En su veredicto, Hinkle dijo que la cláusula "no se basa en ninguna objeción sobre cómo se están gastando los fondos... sino únicamente en que los receptores de esos fondos deciden ofrecer abortos de forma separada e independiente de cualquier financiamiento público".
"El Tribunal Supremo ha reiterado que un gobierno no puede prohibir de forma indirecta —reteniendo fondos públicos por lo demás disponibles— una conducta que el gobierno no puede prohibir directamente de forma constitucional", indicó Hinkle.
El magistrado también bloqueó la aplicación de otra parte de la ley, que habría requerido una inspección anual estatal de los registros médicos de la mitad de todos los pacientes de la clínica, una cifra que Planned Parenthood estima en unas 35,000 personas al año.
Hinkle dejó intacta una cláusula que redefine las fechas de gestación y los trimestres del embarazo, lo que podría afectar a cuándo pueden realizarse los abortos. Hinkle dijo haberlo hecho porque las instituciones del estado habían insistido en que el cambio no tendría ningún impacto, aunque Planned Parenthood había alegado que la modificación era otro intento de limitar los abortos.
Planned Parenthood celebró el veredicto.
"Con el veredicto de hoy, Planned Parenthood está más comprometida que nunca, tanto a servir a nuestros pacientes como a pelear contra los políticos decididos a atacar el acceso a la sanidad para las mujeres", afirmó Barbara A. Zdravecky, presidenta y directora general de Planned Parenthood en el centro y suroeste de Florida.
Jackie Schutz, portavoz de Scott, indicó que la administración estaba "revisando" la decisión de Hinkle.
De forma similar a una ley en Texas revocada esta semana por el Supremo de Estados Unidos, la ley de Florida también requiere que los médicos que practican abortos tengan privilegios de admisión en un hospital cercano. Pero los abogados de Planned Parenthood no apelaron esa cláusula y el veredicto de Hinkle no afecta a ese apartado de la ley.
El veredicto de esta semana es un nuevo capítulo en la larga batalla sobre el aborto en Florida. Desde que el Partido Republicano asumió el control de la cámara estatal hace dos décadas, los legisladores han aprobado una serie de leyes, muchas de las cuales fueron derogadas en los tribunales. El Supremo de Florida suspendió en abril un periodo de espera de 24 horas en los abortos mientras decide si esa ley es constitucional.
