
De hecho, no se anunció una ley revolucionaria para castigar a los obispos que encubrieron los abusos. No se difundieron archivos ni se respaldó la elaboración de informes globales que exigieran que los sacerdotes violadores sean reportados a la policía. En su discurso de clausura de la cumbre el domingo, el pontífice incluso mencionó la constante queja de la jerarquía por la injusta cobertura mediática.