Buyumbura, 12 de octubre, 2016 (EFE). La Asamblea Nacional de Burundi aprobó hoy la salida de este país de la Corte Penal Internacional (CPI), órgano que investiga los crímenes cometidos durante la crisis política que el presidente Pierre Nkurunziza desencadenó al querer permanecer en el poder en contra de la Constitución.
La moción, tramitada a propuesta del Ministerio de Justicia, fue aprobada con 94 votos a favor de los 110 diputados del Parlamento, que entienden que el Tribunal de la Haya se ha convertido en un instrumento de presión y desestabilización de los Gobiernos africanos.
"Desde el establecimiento de la CPI, solo los africanos han sido procesados, como si el resto del mundo tuviera inmunidad ante tribunal", destaca el texto aprobado.
También censura que algunas investigaciones contra gobernantes africanos hayan sido instigadas por grandes potencias que ni siquiera han ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de este órgano de justicia internacional.
El Gobierno de Burundi asume la responsabilidad de preservar su soberanía ante esta retirada y afirma que "es hora de que los países africanos" tomen un camino similar al suyo.
"Burundi no pierde nada, porque ya tiene un código penal para castigar los crímenes. Tenemos todos los instrumentos para sancionar en nombre de la soberanía nacional y sin la interferencia de la comunidad internacional", argumenta el Ministerio de Justicia.
Burundi es el segundo país del continente que adopta esta medida después de Kenia, cuya Asamblea Nacional apoyó la salida de la corte en septiembre de 2013, coincidiendo con el inicio del juicio contra su vicepresidente, Willi Ruto, por crímenes de lesa humanidad.
Ayer, el Gobierno de Burundi prohibió la entrada a tres investigadores de las Naciones Unidas, a los que declaró "personas no gratas", tras la publicación de un informe en el que denunciaron graves violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades que podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Además, anunció el fin de "toda cooperación y colaboración, hasta nueva orden, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR)".
Hasta la fecha, las autoridades han rechazado el despliegue de 228 policías aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU para ayudar a estabilizar el país tras meses de tensión política.
Burundi sufre una crisis desde que, el pasado abril de 2015, Nkurunziza anunció que se presentaría por tercera vez a las elecciones, algo que prohibía la Constitución y violaba los acuerdos que acabaron con una larga guerra civil en 2005.
La crisis política ha causado cientos de muertos en el último año y ha hecho que unas 400.000 personas huyeran de sus hogares, según datos de la ONU.
