Los Ángeles, 3 may (EFE).- El futuro de la Acción Diferida, que otorga permiso temporal de residencia y trabajo a casi 700.000 jóvenes indocumentados en EE.UU., descansa en una batalla legal sin precedentes tras la demanda presentada por siete estados contra el Gobierno por no haber acabado con el programa, señalan expertos.
La demanda presentada esta semana por Texas y otros seis estados contra el Gobierno de Trump, por continuar con las renovaciones del programa DACA, ha generado una situación legal que podría llevar a la administración a procesar las renovaciones en unos estados y en otros se declare impedido para hacerlo.
