(Washington, DC) – El resumen del informe que elaboró la Comisión de Inteligencia del Senado de EE. UU. sobre el programa de detención e interrogatorios de la Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA) representa una contundente denuncia del uso extendido y sistemático de la tortura por la CIA, señaló hoy Human Rights Watch. El resumen de 525 páginas, que ha sido parcialmente editado, se difundió el 9 de diciembre de 2014 y forma parte de un informe confidencial de 6.700 páginas que la comisión aún no ha manifestado que tenga previsto divulgar el texto completo.
El resumen documenta numerosos datos tergiversados transmitidos por la CIA sobre la eficacia del programa, y demuestra que funcionarios estadounidenses sabían que era ilegal. Pone de manifiesto la necesidad de que el gobierno estadounidense divulgue oportunamente el informe completo, refuerce la supervisión de la actuación de la CIA e investigue y juzgue por las vías correspondientes a los altos funcionarios responsables del programa de tortura, expresó Human Rights Watch.
“El informe del Senado no debería simplemente quedar archivado en un estante o un disco rígido, sino ser el punto de partida para que se investigue penalmente el uso de tortura por funcionarios de EE. UU.”, indicó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. “Si el gobierno de Obama no exige que los responsables de torturas rindan cuentas por sus actos, la tortura podría convertirse en una opción política cuando se produzca la próxima e inevitable amenaza para la seguridad”.
Naturaleza y magnitud de los abusos
El resumen concluye que los abusos de la CIA fueron mucho más cruentos, sistemáticos y extendidos de lo que se informó anteriormente; que muchas de las técnicas aplicadas en interrogatorios de la CIA excedieron las autorizadas por el Departamento de Justicia; y que la CIA comenzó a utilizar las técnicas mucho antes de haber recibido autorización.
El resumen expone numerosos datos que se informaron anteriormente sobre el programa de tortura de la CIA, como el uso de posiciones forzadas con el propósito de causar dolor físico y estrés, la exposición a encandilamiento y música a niveles intolerables, la simulación de asfixia con agua (waterboarding) y arrojar bruscamente a detenidos contra paredes o encerrarlos en ataúdes.
También contiene nueva información que muestra que las torturas de la CIA fueron incluso más despiadadas de lo que se creía antes. El organismo utilizó métodos de inmovilización dolorosos, practicó medidas punitivas como la “alimentación por vía rectal” o la “rehidratación rectal” y obligó a detenidos que tenían fracturas en las piernas a permanecer de pie y encadenados a la pared. Las tácticas afectaron gravemente a los detenidos, en particular cuando se combinaban con privación del sueño y aislamiento, y se extendían durante períodos prolongados. Uno de los detenidos se describe como “un hombre absolutamente doblegado”, y se indica que otro está “al borde de un colapso total”.
El resumen ofrece además evidencias que corroboran numerosos datos contenidos en trabajos anteriores de Human Rights Watch sobre abusos de la CIA. A modo de ejemplo, Human Rights Watch informó en 2012 sobre el uso de la CIA de la simulación de asfixia con agua y otras torturas con agua practicadas a detenidos, lo cual contradice abiertamente la afirmación de la CIA de que sólo había sometido a tres detenidos a estas prácticas. Como se indica en la nota al pie 623 del resumen, Human Rights Watch informó en 2012 que el detenido Mohammed Shoroeiya (que también empleaba los nombres de Abd al-Karim o al-Shara'iya) había aportado un testimonio detallado y creíble de que sufrió simulación de asfixia con agua reiteradas veces durante los interrogatorios, en un centro de detención de la CIA en Afganistán. El resumen corrobora la versión de que Shoroeiya fue entregado extraoficialmente a la CIA en 2003, y señala que entre los documentos de la CIA se incluye una fotografía donde se ve un dispositivo de madera diseñado para la simulación de asfixia con agua, rodeado de cubas de agua, en el centro de detención donde estuvo Shoroeiya. El resumen también destaca que en una entrevista la CIA no pudo explicar la presencia de estos dispositivos en el lugar.
Human Rights Watch informó además sobre el caso de Khalid al-Sharif (que empleaba también el nombre de “Abu Hazim”), quien describió haber sufrido un tipo de tortura con agua muy similar a la simulación de asfixia con agua mientras estuvo detenido bajo custodia de la CIA en Afganistán. El resumen describe, en las páginas 107 y 108, el testimonio de un lingüista de la CIA que, en 2003, presuntamente habría informado este abuso al inspector general de la CIA, quien a su vez en 2001 remitió la denuncia a la Fiscalía Federal de EE. UU. para el Distrito Este de Virginia como posible delito penal. Si bien no resulta claro cuál fue el desenlace de esta remisión, ni si acaso sucedió algo, el informe del inspector general desestimó el señalamiento del lingüista y concluyó que no había evidencias que pudieran corroborarlo. Sharif, al igual que varios otros detenidos por la CIA, ha señalado que ningún funcionario estadounidense intentó entrevistarlo en ningún momento sobre los abusos padecidos mientras estuvo a disposición de la CIA.
La CIA sabía que las técnicas eran ilegales
El informe revela nuevas evidencias de que la CIA conocía perfectamente la ilegalidad de las técnicas que estaba aplicando. En la página 33, el resumen señala que abogados sénior de la CIA distribuyeron de manera interna un borrador de una carta dirigida al fiscal general John Ashcroft, de fecha 8 de julio de 2002, donde se reconocía expresamente que las tácticas que luego se conocieron como “técnicas intensivas de interrogatorio” violaban la Ley sobre Tortura de EE. UU. El borrador –que no queda claro si llegó a ser enviado en algún momento– pedía que el Departamento de Justicia otorgara a la CIA una “renuncia formal anticipada al derecho a iniciar acciones penales”. Es decir, la CIA pretendía que el Departamento de Justicia se comprometiera a no proceder penalmente en ningún momento, o a otorgar inmunidad.
El documento refuta las anteriores afirmaciones de funcionarios de la CIA, quienes aseveraban que no sabían si las tácticas eran lícitas y que habían actuado de buena fe según los consejos de asesores legales del Departamento de Justicia. En vez de ello, el documento aclara que altos funcionarios de la CIA sabían que las tácticas eran ilegales, y estaban intentando crear algún mecanismo de seguro legal para estas acciones. Cuando sus intentos por obtener algún tipo de renuncia anticipada a la acción penal se vieron frustrados, solicitaron y consiguieron otro tipo de garantía, a través de una serie de memorandos legales –los denominados “Memorandos de Tortura” – elaborados por la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia y por abogados de la Casa Blanca a partir de agosto de 2002, y que pretendían autorizar las técnicas.
Diversos funcionarios actuales y anteriores de la CIA han intentado justificar el uso de prácticas abusivas contra detenidos sobre la base de estos memorandos. Las nuevas evidencias de que la CIA conocía la ilegalidad de las técnicas rebate cualquier afirmación de altos funcionarios de la CIA de que simplemente estaban actuando de buena fe y seguían el asesoramiento legal recibido, destacó Human Rights Watch.
Asimismo, los memorandos no fueron una interpretación honesta de la legislación que prohíbe la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, sino una tentativa intricada de justificar lo injustificable. Constituye un atropello absoluto que los abogados que procuraron dar sustento legal a este programa de tortura, y se convirtieron en cómplices de su ilegalidad, no hayan enfrentado consecuencias disciplinarias ni penales, indicó Human Rights Watch.
“Ahora se sabe que funcionarios de la CIA sabían desde un primer momento que las técnicas que utilizaban eran ilegales”, indicó Roth. “Es de un cinismo total que la CIA continúe invocando los ‘Memorandos de Tortura,’ como si realmente hubiera confiado de buena fe en los argumentos pseudojurídicos que contienen”.
Obstrucción de medidas de supervisión por la CIA
El resumen muestra los extremos a los cuales recurrió la CIA para encubrir sus delitos y obstruir el proceso democrático, lo que incluyó efectuar declaraciones falsas al Departamento de Justicia, la Casa Blanca y el Congreso sobre la magnitud, naturaleza, éxito y necesidad del programa. A su vez, el resumen muestra que altos funcionarios de la Casa Blanca sabían desde un principio que el programa era ilegal, y que el gobierno incluso ocultó el programa a miembros sénior del propio Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Defensa.
A instancia de la Casa Blanca, indica el resumen, los Secretarios de Estado y Defensa, quienes a su vez son directores del Consejo de Seguridad Nacional, no fueron informados sobre los pormenores del programa hasta septiembre de 2003. El informe describe un mensaje de correo electrónico de la CIA de 2003, donde se indica que “[el secretario de Estado Colin] Powell se enfurecería si tomara conocimiento de lo que ha estado ocurriendo”.
La Comisión de Inteligencia del Senado inició el estudio en 2009, luego de que la CIA destruyera 92 grabaciones de video de interrogatorios a presuntos terroristas practicados por la CIA. A pesar de la función de supervisión que corresponde a la comisión, ninguno de sus miembros, a excepción del entonces presidente y vicepresidente,fueron informados sobre el programa, que comenzó en 2002, hasta septiembre de 2006, horas antes de que el presidente George W. Bush diera a conocer el programa públicamente.
Los esfuerzos de la CIA por eludir cualquier control aparentemente no habrían terminado allí. En marzo de 2014, la presidenta de la Comisión de Inteligencia del Senado Dianne Feinstein informó que la CIA había ingresado en las computadoras de personal de la comisión durante el transcurso de la investigación. El inspector general de la CIA remitió esta cuestión al Departamento de Justicia para que iniciara acciones legales, pero este se excusó. El director de la CIA, John Brennan, que había desestimado en varias ocasiones señalamientos de irregularidades de la CIA, ofreció sus disculpas el 31 de julio, luego de que una investigación interna determinara que esta agencia había vigilado las computadoras de personal de la comisión.
“La CIA ha intentado encubrir su programa de tortura obstaculizando de manera sistemática cualquier supervisión y transmitiendo mensajes falsos al público”, dijo Roth. “El Congreso y el Presidente deberían aprovechar esta oportunidad para intensificar el control de la actuación de la CIA y asegurar que sea compatible con el estado de derecho”.
Necesidad de rendición de cuentas
En el segundo día de su mandato, en enero de 2009, el presidente Barack Obama firmó un decreto por el cual dispuso el cierre de los centros de detención secretos de la CIA y puso fin al uso de “técnicas intensivas en los interrogatorios”, que no es más que un eufemismo para referirse a torturas y otros tratos crueles o inhumanos. Si bien la tortura y otros maltratos de personas bajo custodia constituyen actos violatorios del derecho estadounidense e internacional, ningún funcionario de ese país responsable de haber creado o implementado el programa ha sido llevado ante la justicia. “Es inadmisible que el presidente Obama se niegue a permitir que se juzgue siquiera a una persona que haya autorizado, implementado o encubierto las torturas”, advirtió Roth.
Si bien los nombres de los países que cooperaron con el programa de EE. UU. fueron eliminados del resumen, existen pruebas de peso de que la CIA envió a prisioneros al menos a ocho países, incluidos Afganistán, Polonia, Rumania, Lituania, Tailandia, Marruecos, Jordania y Egipto.
Estados Unidos con frecuencia ha presionado a otros gobiernos para que juzguen graves violaciones de derechos humanos perpetradas por funcionarios de estos. Además de transmitir el mensaje de que EE. UU. no tolerará que detenidos sean abusados en su territorio, el procesamiento creíble e imparcial de casos de tortura que impliquen a EE. UU. será crucial para la credibilidad estadounidense al reclamar justicia en otros países.
En 2009, el Departamento de Justicia inició una investigación, a cargo del Fiscal Especial John Durham, que se anunció como una investigación penal rigurosa de abusos cometidos contra detenidos bajo custodia de la CIA. No obstante, la investigación examinó solamente abusos que excedían las técnicas de interrogatorio que habían sido autorizadas por el Departamento de Justicia, a pesar de que el presidente Obama ha reconocido que algunas de las técnicas autorizadas constituyeron tortura.
Durham estudió 101 casos de abusos de la CIA, incluidos los de dos detenidos que murieron mientras se encontraban bajo custodia de esta agencia. No obstante, el Departamento de Justicia dio por concluida la investigación en agosto de 2012, sin presentar cargos contra ningún responsable. A su vez, según parece EE. UU. no entrevistó en ningún momento para la investigación a numerosos ex detenidos de la CIA que presuntamente habrían sufrido algunos de los abusos más graves durante su detención. El gobierno estadounidense se ha negado a responder preguntas relativas a si entrevistó a algún ex detenido de la CIA para la investigación de Durham. Que no se hayan llevado a cabo tales entrevistas suscita serios interrogantes con respecto al cumplimiento de EE. UU. de su obligación de efectuar una averiguación exhaustiva y justa de posibles violaciones de conformidad con la Convención contra la Tortura, advirtió Human Rights Watch.
“El resumen del informe del Senado debería ser el comienzo, y no el final, de un proceso que permita llevar ante la justicia a quienes cometieron torturas en nombre del pueblo estadounidense”, expresó Roth. “Se requerirá de gran liderazgo presidencial para que se avance hacia los pasos siguientes”.
