Cinco años después del devastador terremoto que arrasó Haití, decenas de miles de personas siguen sin hogar y las fallidas políticas gubernamentales, los desalojos forzosos y las soluciones a corto plazo han defraudado a muchos que lo perdieron todo en la catástrofe, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
En “15 minutes to leave” - Denial of the right to adequate housing in post-quake Haiti, Amnistía Internacional documenta preocupantes casos de personas que están siendo desalojadas a la fuerza de campos improvisados, de carácter temporal. Asimismo analiza en este informe la evidencia de que la ayuda para el desarrollo recibida en Haití tras la catástrofe no se ha transformado en soluciones de alojamiento seguro a largo plazo.
“Muchas personas que lo perdieron todo en el terremoto de 2010 han vuelto a verse en graves dificultades al ser expulsadas de sus refugios y campamentos improvisados. Otras están expuestas a la larga a quedarse sin hogar y en la miseria, ya que los programas de apoyo económico de donantes internacionales están empezando a agotarse”, ha explicado Chiara Liguori, investigadora de Amnistía Internacional sobre el Caribe.
“Hace cinco años, el mundo entero estaba pendiente de Haití tras el devastador terremoto que destrozó tantas vidas y dejó sin hogar a más de dos millones de personas. Por desgracia, el interés del mundo ha disminuido desde entonces, a pesar de que decenas de miles de personas continúan sumidas en la pobreza y sin hogar.”
Según los datos más recientes, 123 campos para desplazados internos siguen abiertos en Haití, que albergan a 85.432 personas. Aunque el número de residentes en los campos se ha reducido considerablemente desde 2010, más de 22.000 familias siguen sin tener una vivienda adecuada.
Las condiciones de vida en muchos campos para desplazados internos son extremas. Un tercio de los residentes en campos no tienen acceso a una letrina. Comparten una instalación de aseo 82 personas por término medio.
Desalojos forzosos
Los desalojos forzosos de los campos son un problema grave y constante. Más de 60.000 personas han sido desalojadas a la fuerza de sus refugios levantados en campos improvisados desde 2010. A la inmensa mayoría de esas personas no les ofrecieron un lugar alternativo donde poder reasentarse, abocándolas de nuevo a la pobreza y la inseguridad.
Sólo desde abril de 2013, Amnistía Internacional lleva documentados seis casos de desalojo forzoso de campos para desplazados internos y asentamientos informales. Más de un millar de familias se han visto afectadas.
Aparte de los campos para desplazados internos, una zona muy perjudicada es el gran asentamiento informal de Canaan, en el extrarradio del norte de la capital. Entre los días 7 y 10 de diciembre de 2013, más de 200 familias fueron desalojadas a la fuerza del sector de Mozayik, en Canaan. La mayoría de las familias se habían trasladado allí en 2012 tras su desalojo de un campo para desplazados internos. En 2014 ha habido más desalojos en Canaan.
En algunos casos, la policía ha efectuado disparos al aire con munición real y ha usado granadas de gas lacrimógeno al llevar a cabo el desalojo forzoso. En otras ocasiones, grupos armados con machetes y palos han irrumpido en los campos para disolverlos, agrediendo a personas y al parecer incendiando el lugar. Amnistía Internacional ha documentado también casos de agresiones a niños de corta edad, embarazadas y ancianos durante los desalojos forzosos.
Aunque el número de desalojos forzosos de campos de desplazamiento documentados se ha reducido en 2014 en comparación con años anteriores, el gobierno sigue sin procesar a los responsables de estos actos. Tampoco ha adoptado legislación que prohíba los desalojos forzosos.
Como consecuencia, se siguen llevando a cabo desalojos forzosos en las inmediaciones de los campos para desplazados internos, con el fin de despejar terrenos destinados a proyectos de reconstrucción y desarrollo de infraestructuras.
Urgen soluciones de alojamiento a largo plazo
Tras la catástrofe, el dinero y la ayuda humanitaria fluyeron en abundancia hacia Haití. Una parte se destinó a establecer programas de subvenciones para el alquiler, que ayudan a los desplazados internos a alquilar vivienda durante un año. Pero estos programas no pueden considerarse una solución a largo plazo y estable, aunque hayan reducido de manera considerable el número de campos para desplazados internos.
Según el informe de Amnistía Internacional, menos del 20 por ciento de las soluciones de alojamiento propuestas pueden ser calificadas de sostenibles o duraderas. La mayoría de los programas sólo ofrecen medidas temporales, como la construcción de refugios provisionales, pequeñas estructuras fabricadas con materiales ligeros, concebidas para durar solamente de tres a cinco años.
“A pesar de su buena intención, los programas provisionales no son más que un parche, soluciones rápidas en lugar de respuestas de desarrollo a largo plazo. Lo que de verdad hace falta es poner en marcha iniciativas que garanticen realmente el derecho a una vivienda adecuada a todas las personas que perdieron su hogar por culpa del terremoto, y a todas las que viven en la pobreza”, ha dicho Chiara Liguori.
El año pasado, el gobierno empezó a estudiar soluciones más duraderas, como la regularización de los campos y el acceso a servicios esenciales. En agosto de 2014, el gobierno publicó su primera Política Nacional de Vivienda, que establecía un marco normativo para futuras intervenciones. Amnistía Internacional vigilará con atención estas medidas para asegurarse de que los programas se ajustan a las obligaciones internacionales de Haití en materia de derechos humanos.
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Haití que establezca salvaguardias frente a los desalojos forzosos y garantice que las alternativas de alojamiento que se están preparando son realmente accesibles y asequibles para las personas que están más expuestas a la violación de su derecho a una vivienda adecuada. Asimismo ha instado a donantes y organismos internacionales a asegurarse de que cualquier iniciativa que vayan a financiar o apoyar base su planificación firmemente en los derechos humanos y las necesidades a largo plazo de la población.
“Tras la catástrofe, pareció que existía la aspiración común de abordar finalmente y con seriedad el asunto del alojamiento en Haití de una manera integral y sostenible. Un sueño aparentemente olvidado hace tiempo. Cinco años después de la tragedia, es hora de que el gobierno y los organismos internacionales renueven su compromiso y lo mejoren para que toda reconstrucción garantice plenamente los derechos humanos.”
