Beirut (Reuters). El caso presentado por el sistema judicial de Irán era aparentemente simple: la joven Fatemeh Salbehi asfixió a su marido después de drogarlo en su casa de la provincia sureña de Fars, un crimen que se castiga con pena de muerte en la república islámica.
Lo que provocó controversia en el caso fue que la persona que presuntamente cometió el crimen, Salbehi, tenía sólo 17 años, considerada menor de edad según los estándares jurídicos internacionales.
Su supuesta confesión también se produjo durante una serie de interrogatorios donde no estuvo presente un abogado. El caso volvió a someterse a juicio pero Salbehi fue ahorcada en la prisión de Adel Abad, situada en Shiraz, el pasado octubre.
El caso ha sido objeto de investigación a través de un mordaz informe de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irán publicado el mes pasado en el que destaca la tasa de ejecuciones "alarmantemente elevada" del país, incluidas las de jóvenes.
El informe, junto con otro de Amnistía Internacional presentado en enero, provocó comentarios de ciudadanos iraníes en redes sociales en los que algunos criticaban al presidente Hassan Rouhani por no hacer más esfuerzos para detener las ejecuciones de menores.
Irán tiene la tasa de ejecuciones de menores más alta del mundo, a pesar de ser signatario de la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional de derechos humanos que prohíbe la pena de muerte para cualquier persona menor de 18 años. Sólo una semana antes de la ejecución de Salbehi, otro supuesto delincuente juvenil fue ejecutado.
"El hecho de que se produjeran dos ejecuciones en menos de dos semanas demuestra la indiferencia y el desprecio de las autoridades iraníes con respecto a sus obligaciones", dijo Raha Bahreini, investigador iraní de Amnistía Internacional.
En la última década, Irán ha ejecutado al menos a 73 menores delincuentes juveniles, según el informe de enero de Amnistía Internacional. Las ejecuciones de menores continúan a pesar de las promesas hechas por Rouhani en la campaña electoral de 2013 sobre el respeto de los derechos humanos.