Washington, 29 de noviembre, 2016 (AP). Cientos de miles de jóvenes migrantes que viven en Estados Unidos sin permiso de residencia hicieron pública su situación y se identificaron ante el gobierno del presidente Barack Obama ante la promesa de que se los protegería de la deportación y se les permitiría trabajar.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido cancelar de inmediato el programa que protegía a estos inmigrantes. Si lo hace, no está claro si tomaría medidas contra los más de 741.000 participantes. Pero si decide perseguirlos, el gobierno tiene ahora sus direcciones, fotografías y huellas dactilares.
Nancy Villas, de 20 años, fue una de las primeras en aplicar al programa Deferred Action for Childhood Arrivals en el verano de 2012, esperando horas de file en un centro de inscripción en el Navy Pier de Chicago. Desde entonces ha trabajado a tiempo parcial en una escuela infantil para pagar la universidad. Ahora le preocupa que la obliguen a regresar a México, un país que abandonó a los 9 años.
"Sabía que sería la única forma de tener mejores oportunidades", dijo Villas. "Yo corrí el riesgo sin pensar que alguien quisiera quitarlo".
Trump hizo de la lucha contra la inmigración irregular la base de su campaña, prometiendo construir un enorme muro a lo largo de la frontera con México y deportar a millones de personas que viven en el país sin permiso de residencia. Una vez asuma el cargo, Trump puede rescindir casi de inmediato esa protección prometida y, con ella, probablemente dejar sin validez los permisos de trabajo que la acompañan.
Pero hay pocos indicios que apunten a que el empresario vaya a tomar medidas rápidas para deportar a los participantes en el programa. En una entrevista tras las elecciones con "60 Minutes", de CBS, Trump dijo que se centraría en un principio en los migrantes sin permiso de trabajo que tienen historial delictivo. Dijo que eso podría suponer de 2 a 3 millones de personas, aunque es probable que la cifra esté inflada.
Es posible que el temor de los participantes en el programa sea exagerado, señaló Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro Para Estudios Migratorios.
"A menos que haya una cuestión de delitos o algo específico que llame la atención sobre una persona, no veo cómo iban a ser una prioridad", comentó Krikorian, cuyo centro de estudios se describe como partidario de la inmigración y de una inmigración reducida.
El presidente Barack Obama creó el programa para proteger de la deportación a migrantes jóvenes, algunos de los cuales ni siquiera recuerdan sus países nativos. No legalizaba la situación de los inmigrantes, sólo "demoraba acciones", lo que implicaba que no serían deportados mientras participaran.
Nunca hubo garantías de que la iniciativa durase más allá de la presidencia de Obama. Un exfuncionario de inmigración que ayudó a desarrollar el sistema, John Sandweg, dijo que la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional tuvieron en cuenta la realidad de que un presidente futuro podría suspenderla. Pero en ese momento, señaló, parecía que revocar protecciones ya aprobadas plantearía dificultades políticas.
"Esta es la clase de chicos a la que hay que sacar de las sombras", dijo Sandweg, exdirector en funciones de la Agencia de Inmigración y Aduanas. "No creo que nadie imaginara a un presidente Trump cuando esto se creó".
Trump no fue sutil sobre su oposición al programa. Lo describió como una "amnistía ilegal" y prometió "ponerle fin de inmediato". Desde que ganó las elecciones, el republicano ha dicho que nominará como secretario de Justicia al senador Jeff Sessions, conservador en materia migratoria. Durante las deliberaciones para cubrir otras vacantes en su gobierno, Trump se ha reunido con el secretario de Estado de Kansas Kris Kobach, que lideró la batalla judicial de su estado para impedir una expansión del plan de protección contra deportaciones.
Cuando comenzó el programa, el gobierno de Obama sugirió que en general, los archivos de solicitud no serían utilizados para operaciones de las fuerzas de la ley. Los Servicios estadounidenses de Ciudadanía e Inmigración abordaron ese temor en sus "preguntas frecuentes", señalando que la información sólo se compartiría con las fuerzas de la ley si alguien "cumple los criterios" para procesos de deportación.
Pero revocar la protección ante deportación dejaría a esos jóvenes migrantes expuestos casi de inmediato a la deportación.
Perseguir a los participantes sería una gran labor logística que sólo empeoraría los retrasos en un sistema judicial migratorio ya sobrecargado, en el que mucha gente espera años a una decisión final, dijo Sandweg.
Añadir unas 750.000 personas al sistema judicial "no haría nada por mejorar la seguridad pública", señaló.
Sin embargo, la mera posibilidad de que eso ocurra ha llevado a algunos legisladores demócratas a pedir a Obama que proteja a estos migrantes con indultos antes de abandonar el cargo.
Además, activistas defensores de los jóvenes migrantes han prometido mantener su lucha por ganar el apoyo político y público en favor de una reforma de las leyes migratorias.
"Nos organizamos en todo el país, compartimos públicamente nuestras historias y nos reunimos. Tomamos acciones directas y exigimos responsabilidades a los políticos", dijo Cristina Jiménez, directora ejecutiva y cofundadora de United We Dream.
Un gobierno de Trump, afirmó, no cambiará eso.
