
La manifestación fue convocada tras la muerte, la noche de este martes del excarabinero Gustavo Muñoz Albornoz de 75 años, a causa de un cáncer terminal, y que diciembre de 2016 había solicitado, junto a otros cinco antiguos agentes de Augusto Pinochet condenados a prisión, el indulto presidencial.
Todos ellos son adultos mayores y padecen enfermedades terminales, pese a lo cual se les han negado algunos beneficios para mejorar sus condiciones o morir en sus hogares, alegan los familiares.
La convocatoria reunió frente al palacio de los Tribunales, en el centro de Santiago, a una treintena de familiares de los presos, que denunciaron "atropellos, vulneraciones y violaciones a los derechos humanos en contra de internos enfermos terminales que cumplen condena en Punta Peuco".
Punta Peuco es una prisión reservada a violadores de los derechos humanos construido en 1995 en el municipio de Tiltil, a 35 kilómetros al norte de Santiago y es definida por las víctimas de la dictadura como una cárcel "cinco estrellas", con canchas de tenis, terrazas para hacer asados y amplios comedores.
Raúl Meza, abogado de Gustavo Muñoz y de otros exagentes presos, dijo que su cliente padecía cáncer terminal y que falleció en el hospital de la Dirección Previsional de Carabineros (Dipreca).
En declaraciones al diario La Tercera, Meza afirmó que Muñoz, condenado por torturas y secuestros calificados (desapariciones), debió soportar condiciones "infrahumanas" en el hospital, por lo que la familia presentará una querella por delito de lesa humanidad "por tratos de crueldad, inhumanos y degradantes a los cuales fue sometido durante su hospitalización por parte de funcionarios de gendarmería".
Precisó que Gustavo Muñoz "falleció engrillado, en una condición infrahumana, constituyéndose una abierta violación a los Derechos Humanos".
Los manifestantes señalaron que han acudido al Instituto Nacional de Derechos Humanos, al Colegio Médico e incluso a la presidenta Michelle Bachelet para que acudan a Punta Peuco con el fin de verificar el estado de los reos, sin haber obtenido una respuesta.
El pasado diciembre, los familiares solicitaron el indulto presidencial a los mayores de 70 años y padecieran enfermedades crónicas y terminales, petición que fue rechazada.
Según datos oficiales, durante la dictadura de Pinochet unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas. Sociedad