San Diego (EE.UU.), 21 abr (EFE).- El fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, insistió hoy en su campaña contra las "ciudades santuario" al ponerles una fecha límite para que demuestren que cumplen con la ley federal de dar información al Gobierno sobre los inmigrantes indocumentados en su territorio.
En un discurso que ofreció hoy en San Diego, California, en donde efectuó una visita a la frontera con México junto al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, el funcionario aludió al envío de cartas a nueve jurisdicciones que se niegan a colaborar con las autoridades de Inmigración.
El Departamento de Justicia dio hoy un ultimátum a las "ciudades santuario", en concreto a nueve jurisdicciones del país a las que exigió pruebas de que están dando información al Gobierno federal sobre los inmigrantes indocumentados en su territorio.
De acuerdo con las cartas enviadas por el Departamento de Justicia, y como lo corroboró el fiscal en su discurso frente al muro que divide San Diego (California) y Tijuana (México), si las jurisdicciones no entregan la "documentación" correspondiente antes del 30 de junio dejarán de recibir fondos federales.
El ultimátum afecta a todo el estado de California y las ciudades de Nueva York, Chicago, Filadelfia y Nueva Orleans; además de los condados de Miami-Dade (Florida), Clark (donde se encuentra Las Vegas, en Nevada), Cook (Illinois); y Milwaukee (Wisconsin).
El envió de estas cartas coincidió con la visita de Sessions a esta ciudad de California, cuya legislatura estatal debate una iniciativa que convierte a todo el estado en "santuario" y, por ende, prohíbe a sus agencias policiales que colaboren con las autoridades federales para deportar a inmigrantes indocumentados.
Las ciudades y condados "santuario" defienden que una de las razones por las que se declaran de esta manera es para mantener la confianza de las comunidades inmigrantes con las fuerzas del orden, ante lo que el fiscal general afirmó que ello es "más una excusa que una razón".
Kelly afirmó que le es "inconcebible" que funcionarios electos de cualquier nivel prefieran "liberar a criminales indocumentados" en lugar de entregarlos a las agencias federales para su deportación.
Indicó que lo ideal para el Gobierno es tener a estos acusados de delitos criminales en las cárceles. "Si no hacen eso entonces tenemos que ir a los vecindarios, cortes, donde sea que los podamos encontrar y arrestarlos, así que necesitamos más cooperación", enfatizó Kelly.
Consideró que las dependencias policiacas locales sí están interesadas en colaborar con la autoridades federales migratorias.
El presidente interino del senado californiano, Kevin de León, quien además es autor del proyecto de ley para convertir a California en estado santuario, acusó hoy a la Administración del presidente Donald Trump de basarse en principios de "supremacía blanca" para emitir el ultimátum.
Sessions rechazó esa aseveración, a la que calificó de "declaración extremista", y dijo que la dependencia que lidera está comprometida con la "aplicación justa de la ley".
Aseguró que Estados Unidos no es un país que rechace la inmigración, como lo prueba que cada año se acepta 1,1 millón de peticiones de residencia legal.
"Las amenazas de hoy no son más que un discurso de odio destinado a alimentar el temor y la división", señaló Yvonne Walker, de la filial californiana del sindicato Unión Internacional de Trabajadores de Servicio (SEIU, en inglés), sobre las cartas del Departamento de Justicia.
Antes de la llegada de Sessions y Kelly a la zona fronteriza, en una visita que tenía por finalidad evaluar las operaciones de seguridad, más de un centenar de personas realizaron una protesta a unos metros del cruce peatonal entre Tijuana y San Ysidro (EE.UU.), en la que condenaron que se retrate esta área como "zona de guerra".
"Seamos claros de quiénes son los verdaderos agresores, seamos claros de quiénes están empujando una retórica bélica en un tiempo de paz, en un lugar de paz", comentó Christian Ramírez, director de la Coalición de Comunidades Fronterizas. México :: Sociedad
