(San Francisco) – La detención indefinida de madres que solicitan asilo y de sus hijos en Estados Unidosp roduce graves secuelas psicológicas, señaló hoy Human Rights Watch. Las madres de 25 familias detenidas, incluidas 10 que habían permanecido confinadas entre 8 y 10 meses, relataron a Human Rights Watch el trauma, la depresión y los pensamientos suicidas sufridos por sus familiares.
El gobierno de Obama tiene plazo hasta el 24 de mayo de 2015 para proponer un plan en respuesta alpronunciamiento preliminar dictado por la justicia federal, que determinó que la detención de familias incumple un acuerdo vinculante sobre los derechos de los menores migrantes. Las autoridades estadounidenses deberían disponer la liberación inmediata de las familias migrantes que fueron detenidas tras haber ingresado al territorio de EE. UU. para pedir asilo, señaló Human Rights Watch.
“El gobierno de Obama ha mantenido confinados a niños afectados por experiencias traumáticas y a sus madres durante casi un año”, observó Clara Long, investigadora sobre EE. UU. de Human Rights Watch. “No saben en absoluto cuándo serán liberados y les atemoriza profundamente la posibilidad de ser deportados de nuevo a sitios donde podrían ser asesinados, violados sexualmente o sufrir otro tipo de agresiones”.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE. UU., a cargo de los centros de detención de inmigrantes, anunció el 13 de mayo que crearía nuevos mecanismos de supervisión para las detenciones familiares. Señaló que, en casos individuales, ya no apelaría al argumento de que detener a familias le permite disuadir a futuros migrantes, y que reconsideraría cada 60 días la continuidad de la custodia de familias detenidas durante más de tres meses.
El gobierno estadounidense comenzó a detener a numerosas madres migrantes y a sus hijos en julio de 2014, en el marco de una “estrategia enérgica de disuasión” —según fue calificada por el secretario de Seguridad Interior Jeh Johnson— que está dirigida a personas provenientes de América Central que cruzan la frontera sin autorización, entre ellas numerosos solicitantes de asilo.
Más de 1.000 madres e hijos están encerrados en tres establecimientos en Texas y Pennsylvania. El gobierno está construyendo sedes para albergar a otros grupos familiares que en total suman 2.000 personas detenidas, en su mayoría en un nuevo centro en Dilley, Texas, que se espera que una vez terminado, a fines de mayo de 2015, cuente con capacidad para alojar a 2.400 personas en familias. Este establecimiento será el mayor centro de detención inmigratorio de Estados Unidos.
“El gobierno no debería buscar nuevos mecanismos de supervisión para las detenciones familiares”, observó Long. “Lo que se necesita es que el gobierno sencillamente ponga fin a la detención de familias”.
Si bien algunas familias que piden asilo son liberadas bajo fianza luego de unas pocas semanas, se considera que otras no reúnen los requisitos exigidos para beneficiarse con una fianza, debido a que anteriormente fueron deportadas o no están en condiciones de pagar fianzas que habitualmente superan los USD 7.500, conforme aseveraron abogados que trabajan con estas familias. Las familias no son informadas con respecto a cuándo podría concluir su detención. Human Rights Watch dialogó con dos mujeres que han estado detenidas con sus hijos desde julio de 2014, es decir, más de 10 meses atrás.
Considerar que las familias no reúnen los requisitos para ser liberadas porque anteriormente hubo una deportación es una decisión que no toma en cuenta la validez de sus pedidos de asilo, observó Human Rights Watch. En investigaciones anteriores de Human Rights Watch se determinó que muchas de las personas deportadas en procedimientos abreviados no tuvieron una oportunidad razonable de plantear un pedido de asilo.
A fines de abril de 2015, la jueza federal de distrito Dolly Gee, en California, determinó en un pronunciamientopreliminar que el sistema de detención familiar incumple un convenio con más de 18 años de vigencia, que obliga al gobierno estadounidense a favorecer la liberación de menores migrantes para que estén con sus familias o, cuando esto no sea factible, retenerlos en un entorno que sea lo menos restrictivo posible. Otorgó al gobierno y a los abogados de los menores detenidos plazo hasta el 24 de mayo para que negocien un acuerdo. En respuesta, abogados del Departamento de Justicia han amenazado con la posibilidad de liberar a los menores y, al mismo tiempo, mantener detenidas a sus madres.
El derecho internacional prohíbe detener a solicitantes de asilo, excepto como último recurso y únicamente por motivos excepcionales, como la posibilidad de riesgo para la población. La detención familiar es una medida incompatible con estándares internacionales, en particular el principio fundamental de que el “interés superior del menor” debería ser el parámetro de todas las acciones gubernamentales con respecto a menores. En vez de detener a familias con hijos, EE. UU. debería establecer un sistema de supervisión en el ámbito de la comunidad u otras alternativas a la detención, según resulten necesarias, que permitan a las familias salir del sistema de custodia mientras los tribunales migratorios evalúan sus pedidos de asilo.
“La detención por tiempo indefinido produce secuelas psíquicas particularmente graves en quienes se han visto obligados a huir de su lugar de origen”, explicó Long. “Los niños preguntan a sus madres, ‘¿cuándo podremos irnos?’, y estas madres no tienen una respuesta para darles”.
Ver a continuación información detallada sobre entrevistas con familias detenidas.
Detención en EE. UU. de madres e hijos que piden asilo
A principios de mayo, Human Rights Watch entrevistó a 25 madres que estaban detenidas con sus hijos en el South Texas Residential Center de Dilley, Texas, y el Karnes County Residential Center en Karnes City, Texas.
Las madres describen los efectos de la detención
Varias madres dijeron a Human Rights Watch que sus hijos manifestaban síntomas de depresión, que ellas atribuían a la detención. Ana (todos los nombres han sido modificados), una mujer de 32 años de América Central que ha estado detenida durante ocho meses en el sur de Texas junto a su hija de 14 años, contó a Human Rights Watch que le atormenta la idea de que su hija pueda autolesionarse. “Me dijo que quería ahorcarse”, afirmó Ana. “‘Voy a suicidarme’, me dice. Esto me destroza el alma”.
Estos sentimientos se ven agravados debido a que muchas de las mujeres y niños sufrieron serias agresiones antes de llegar a Estados Unidos.
Carolina indicó que su hija de 15 años había sido víctima de una violenta agresión sexual en Honduras cuando tenía apenas 9 años. “Mi hija me dice que ya no puede tolerar seguir encerrada”, contó Carolina, que ha estado detenida con su hija desde hace tres meses. “Me advirtió que quería quitarse la vida”.
Beatriz señaló que su hijo de 11 años estuvo en riesgo de ser reclutado forzadamente por pandillas en Honduras. Escapó con él hacia Estados Unidos, donde han estado juntos en condiciones de detención desde septiembre de 2014. “Lo único que hace es dormir”, contó. “Me dice, ‘mamá, lo único que quiero es dormir, así cuando me despierte estaremos en libertad’”.
Las madres indican que la situación que viven les provoca un profundo estrés emocional. “Como madre, me siento impotente”, afirmó Beatriz. “Como no quiero que mi hijo me vea, voy al baño para poder llorar desconsoladamente. Entonces comienza a golpear la puerta y me dice: ‘mamá, mamá, ¿vas a salir?’”.
“Estoy profundamente deprimida”, aseveró Carla, quien se encuentra detenida junto con su hijo de 10 años. “Hemos estado aquí durante 10 meses. Ya no quiero ver mi hijo sufrir”.
Luego de más de ocho meses detenida, Melida, quien teme regresar a Guatemala después de que miembros de una pandilla asesinaran a su cuñada, recibió un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático (TEPT) y trastorno de adaptación con ansiedad, y tuvo un episodio de depresión profunda mientras estuvo en detención. Su hija de 4 años, Estrella, ha trascurrido casi el 20 por ciento de su vida tras las rejas, y durante ese tiempo fue internada por bronquitis aguda, faringitis aguda, otalgia, fiebre, diarrea y vómitos. Más de 22.000 personas han firmado un petitorio impulsado por la American Immigration Lawyers Association reclamando su liberación.
Detención a largo plazo
Mantener detenidas a familias de inmigrantes mientras los tribunales migratorios evalúan sus pedidos de asilo solía ser una medida muy excepcional en Estados Unidos. No obstante, cuando el gobierno de Obama decidió extender las detenciones familiares en 2014, los funcionarios inmigratorios implementaron una política de “no liberación”, aduciendo que no se disponía la libertad de las familias justamente para disuadir a migrantes que pretendían venir a Estados Unidos. En febrero, un juez federal de distrito en Washington, DC exigió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs and Enforcement, ICE) que comenzara a evaluar de manera individual a las familias que solicitaban asilo para disponer su posible liberación o la imposición de una fianza, según resultara pertinente. El ICE ha apelado esta medida.
Decenas de madres e hijos han sido liberados a pocas semanas de ser detenidos, cuando se determina que cuentan de manera preliminar con una pretensión legítima de asilo y pueden dar fianza. Sin embargo, numerosas familias no pueden solventar la fianza, que a menudo se fija en un valor mínimo de USD 7.500. Diversos abogados de familias detenidas indicaron que no es poco común que la fianza ascienda a USD 15.000.
No obstante, el ICE sostiene que otras personas que plantean solicitudes válidas de protección humanitaria en Estados Unidos no reúnen los requisitos para ser liberadas o dar fianza, debido a que anteriormente intentaron ingresar al país y habían sido deportadas, y que la orden de deportación se “repone” cuando ingresan nuevamente al país.
De las mujeres entrevistadas por Human Rights Watch, se considera que 12 no reúnen los requisitos para ser liberadas, ya que fueron deportadas anteriormente, según indicaron sus abogados. Algunos abogados que trabajan con familias detenidas dijeron a Human Rights Watch que estos casos de “reposición” representan ahora a la mayoría de las familias que están detenidas durante más de seis meses.
La idea de que las personas que estuvieron antes en territorio estadounidense y fueron deportadas tienen menos capacidad de fianza no es lógica, puesto que sus pretensiones de protección no son menos válidas, observó Human Rights Watch.
Paola ha permanecido en régimen de detención familiar con su hijo de 5 años desde septiembre pasado, ya que anteriormente había estado en EE. UU. Apeló la reposición de su orden de deportación en mayo, y pidió protección debido a que ha sido víctima de golpizas y violación sexual por parte de su esposo, que tiene un comportamiento violento, lo cual constituye un motivo válido para solicitar asilo en EE. UU.
“Las apelaciones demoran demasiado tiempo”, indicó. “Pero lo estoy haciendo porque no puedo regresar allí”.
Debido a que el ICE considera que no es elegible para ser liberada bajo fianza, ella y su hijo permanecerán detenidos hasta tanto la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals) se pronuncie sobre su caso. Si la Junta rechaza la apelación, es posible que entonces apele la decisión ante la justicia federal, donde su caso podría estar pendiente durante años.
Nancy dijo a Human Rights Watch que estuvo detenida con su hijo de 8 años durante cinco meses antes de conseguir un abogado. Esta semana se resolvió favorablemente su pedido de protección humanitaria, luego de estar detenidos más de nueve meses.
Como ha sido documentado anteriormente por Human Rights Watch, los solicitantes de asilo que están detenidos en EE. UU. —incluidas familias— enfrentan graves obstáculos al intentar conseguir representación letrada, sin la cual sus pretensiones difícilmente sean acogidas.
Negativa a atender pedidos de asilo
De las 12 mujeres que Human Rights Watch entrevistó y que el ICE considera que no reúnen los requisitos para ser liberadas a causa de una deportación anterior, 7 señalaron que habían sido deportadas de EE. UU. sin posibilidad de plantear un pedido de asilo. Human Rights Watch ha documentado anteriormente evidencias de que numerosos migrantes son deportados en forma sumaria debido a que funcionarios del Servicio de Control de Aduanas y Fronteras (Customs and Border Protection, CBP) no formulan preguntas sobre si necesitan protección ni recogen adecuadamente las respuestas a estas preguntas, y niegan así a estas personas la posibilidad de pedir eventualmente asilo.
“Cuando crucé la vez anterior no me preguntaron si estaba atemorizada, simplemente me deportaron”, señaló Paola, quien escapó de una situación de violencia doméstica. “Luego comenzó a abusar de mí nuevamente, y decidí irme con mi hijo”.
Una mujer indígena guatemalteca que fue víctima de graves hechos de violencia sexual también quedó incluida en esta categoría, según contó su abogado a Human Rights Watch. Escapó hacia EE. UU. y fue rápidamente deportada en dos oportunidades —en enero y abril de 2014— de regreso a Guatemala, donde fue violada de nuevo. Logró escapar por tercera vez con su hijo de 8 años. Permanecieron detenidos seis meses antes de que un juez inmigratorio respondiera favorablemente a su pedido de no ser deportados.
Cuando el gobierno invoca deportaciones previas en la frontera como justificación para negar la liberación de familias, lo que hace es castigar a víctimas de controles fronterizos abusivos y a los hijos de estas, manifestó Human Rights Watch.
