Un indicador clave para medir el progreso democrático en cualquier país es el nivel de protección que se le da a la libertad de expresión. Cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones, se limita el efectivo desarrollo del proceso democrático, que requiere que diversas voces y puntos de vista sean oídos.
Pero la verdadera libertad de expresión no es sólo decir lo que uno piensa, o publicar lo que uno quiere. Su pleno ejercicio requiere tanto dar como recibir información, sin sufrir represalias económicas, físicas, ni legales por hacerlo.
En México, el contexto en el cual se ejerce el periodismo es de alto riesgo. En su último informe anual, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA incluyó como temas de preocupación sobre México las agresiones, detenciones y amenazas contra periodistas; jurisprudencia que no protege la publicación de información con contenido ofensivo; la existencia de normas que penalizan la difamación en varios estados; y la citación de periodistas para revelar fuentes, entre otros.
Con este panorama, no sorprende que el famoso evento anual de literatura y arte, conocido como el Hay Festival, haya anunciado que cancelaría el encuentro de este año, que iba a realizarse en octubre en Veracruz. La decisión se tomó en respuesta al repudio de cientos de escritores e intelectuales en todo el mundo ante la incapacidad del gobierno de proteger a periodistas. Este año, el evento se realizará vía internet.
Veracruz es el estado que registra la mayor cantidad combinada de asesinatos y desapariciones de periodistas. Sólo en los últimos cuatro años, de acuerdo a fuentes oficiales, diez periodistas fueron asesinados y tres desaparecidos.
Pero el problema no afecta solamente a Veracruz. Los niveles de violencia contra periodistas y medios son alarmantes en todo el país. Entre enero de 2000 y marzo de 2015, 103 periodistas han sido asesinados y 25 desaparecidos. Artículo 19, organización internacional que defiende la libertad de prensa, documentó 326 ataques contra periodistas y medios de información en México tan sólo en 2014, incluyendo agresiones físicas, amenazas, y detenciones arbitrarias.
Un ejemplo reciente afectó a Moisés Sánchez, director del semanario La Unión de Veracruz. Sánchez publicaba noticias sobre corrupción en el gobierno local y sobre inseguridad. El 2 de enero fue secuestrado por hombres armados, que también tomaron su computadora, cámara y teléfono celular. Según organizaciones de la sociedad civil, pocos días antes del secuestro, Sánchez habría recibido amenazas del alcalde del municipio donde residía. El 24 de enero pasado, el cuerpo decapitado de Sánchez fue encontrado cerca de su residencia.
Las autoridades de Veracruz intentaron descartar cualquier conexión entre el crimen y el trabajo periodístico de Sánchez. Según información de medios, un día después de que Sánchez fuera secuestrado, el gobernador de Veracruz insistió en que no era un periodista, sino un “conductor de taxi” y “activista vecinal”. Un ex policía, detenido en relación con el homicidio, habría confesado su autoría en el asesinato de Moisés Sánchez junto con cinco cómplices, siguiendo órdenes del alcalde. Hasta ahora, nadie ha sido condenado por este delito.
Un motivo importante por el cual persisten estos ataques es que la gran mayoría de los delitos contra periodistas quedan impunes. A pesar de la creación en 2010 de una fiscalía federal especial encargada de investigar agresiones contra periodistas, en general estas investigaciones no se hacen de manera oportuna, exhaustiva o transparente.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó en 2014 que el 89% de los delitos contra periodistas en México quedan impunes. Asimismo, la fiscalía especial informó que entre julio de 2010 y marzo de 2015 inició 676 averiguaciones previas sobre presuntos delitos contra periodistas, y ejerció la acción penal en 19 casos, pero no incluyó estadísticas oficiales sobre la cantidad de condenas obtenidas.
México es un país donde, quienes se dedican al periodismo, a menudo se ven obligados a autocensurarse como consecuencia de ataques, persecución y amenazas de muerte por parte de funcionarios públicos y del crimen organizado. Dada la enorme trascendencia que reviste para la credibilidad democrática el respeto pleno a la libertad de expresión, el Día Mundial de la Libertad de Prensa no es un día para discursos o promesas, sino una oportunidad para que el gobierno de México diseñe y adopte un plan de acción con medidas efectivas que pongan fin a la impunidad de los delitos contra periodistas.
Ref HRW
