Por: Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres
A nuestro mundo le falta equilibrio. Desde la Segunda Guerra Mundial, nunca ha habido al mismo tiempo tanta riqueza y tanta desigualdad.
Nos estamos recuperando de una crisis económica mundial; sin embargo, esta recuperación no ha repercutido en el desempleo. Actualmente hay más mujeres educadas que nunca pero, a nivel mundial, las mujeres siguen luchando por encontrar un trabajo. Las tasas de desempleo se encuentran en máximos históricos en muchos países, incluidos los de Oriente Medio y África del Norte, en América Latina y el Caribe, y en el sur de Europa.
En los casos en los que las mujeres tienen un trabajo, cobran en promedio y a nivel mundial un 24 por ciento menos que los hombres. En su mayoría, las mujeres de todo el mundo ocupan puestos inseguros y mal remunerados, como en la agricultura a pequeña escala o el trabajo doméstico, un sector en el que representan el 83 por ciento de la fuerza laboral.
¿Por qué las mujeres no tienen cabida en la economía mundial?
En nuestro informe de referencia El progreso de las mujeres en el mundo 2015-2016: transformar las economías para realizar los derechos, investigamos lo que significa este fracaso y proponemos soluciones.
Adoptamos un enfoque innovador y holístico para analizar las políticas económicas y sociales y sus implicaciones en toda la economía. En especial, nos fijamos en la economía “invisible” del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que son trabajos básicos para todas las economías y sociedades.
Históricamente, las mediciones convencionales como el PIB han obviado el importante porcentaje de trabajo que realizan las mujeres y las niñas, y no han prestado atención a las voces que abogan por asignar recursos públicos de ayuda en este sentido, por ejemplo, mediante inversiones destinadas al acceso al agua y la energía limpia.
Recomendamos aplicar una perspectiva de derechos humanos a la resolución de problemas económicos. También proponemos soluciones específicas y basadas en pruebas para la acción por parte del gobierno y el sector privado, para que el progreso conseguido conduzca a trabajos decentes con salarios igualitarios, sin acoso sexual ni violencia, y respaldados por servicios sociales de buena calidad.
Nuestros recursos públicos no se dirigen allí donde son más necesarios: por ejemplo, para garantizar agua segura y saneamiento, atención sanitaria de calidad, y servicios de asistencia decentes para la infancia y las personas de edad. Si bien el agua es fundamental, existen otras necesidades. Hay que alimentar a las familias, atender a las personas enfermas, educar a las niñas y los niños, y cuidar de las madres y padres ancianos.
Cuando no existen servicios públicos, las carencias se ceban principalmente en las mujeres y las niñas. Esta falta de servicios castiga injustamente a las mujeres cuando el Estado no ofrece recursos, y afecta a miles de millones de mujeres en todo el mundo. Datos procedentes de Francia, Alemania, Suecia y Turquía indican que el salario de las mujeres es entre un 31 y un 75 por ciento inferior que el de los hombres a lo largo de su vida. Necesitamos políticas que faciliten que tanto las mujeres como los hombres puedan cuidar de sus personas queridas sin tener que sacrificar su propia seguridad económica, prosperidad e independencia.
Nuestra economía globalizada parece aplicar nuestra visión universal de los derechos de las mujeres con fines contradictorios; en lugar de facilitar dichos derechos, los limita. Donde no hay alternativas, existen pocos derechos.
Pero sí hay soluciones. El informe propone una serie de medios específicos con los que movilizar recursos para pagar servicios públicos y transferencias sociales: por ejemplo, reforzando las obligaciones fiscales existentes, volviendo a priorizar los gastos y ampliando la base fiscal general, también mediante préstamos internacionales y asistencia al desarrollo.
Las empresas de alcance mundial también desempeñan un papel fundamental en calidad de empleadoras que ofrecen oportunidades y salarios igualitarios. Los grupos de accionistas pueden y deben exigir a las empresas que actúen de forma responsable en los países en los que operan. Los ingresos tributarios anuales correspondientes a los países en desarrollo que se pierden como consecuencia de la manipulación de los precios comerciales, una de las estrategias utilizadas por las empresas para evitar pagar impuestos, se estima entre los 98.000 y los 106.000 millones de USD. Esto se traduce en casi 20.000 millones de USD más que los costos anuales de capital necesarios para garantizar la cobertura de agua y saneamiento universales.
Con la combinación adecuada de políticas económicas y sociales, los gobiernos pueden lograr el cambio transformador. Pueden generar empleos decentes para las mujeres y los hombres y asegurar que se reconozca y se respalde el trabajo de cuidado no remunerado. Si se aplican medidas bien diseñadas como las prestaciones familiares y pensiones universales, se puede mejorar la seguridad de ingresos de las mujeres, y su capacidad de realizarse plenamente y ampliar sus opciones vitales. Finalmente, las políticas macroeconómicas pueden y deben respaldar el cumplimiento de los derechos de las mujeres, creando economías dinámicas y estables, generando empleos decentes y movilizando recursos para financiar servicios públicos esenciales.
En última instancia, promover los derechos de las mujeres no sólo logrará que las economías sean efectivas para las mujeres, también beneficiará a las sociedades en su conjunto creando un futuro más justo y sostenible.
El progreso de las mujeres es el progreso de todas y todos.
