CASEROS, Argentina (AP) — Karen Maydana recuerda que tenía nueve años cuando el sacerdote Carlos José la manoseó en el banco de una iglesia frente al altar. Fue durante una confesión antes de su primera comunión.
Culpa al trauma provocado por ese momento en 2004 de un intento de suicidio cuando era adolescente. Y, sin embargo, nunca había hablado en público sobre lo ocurrido hasta este año. Luego de escuchar que dos mujeres que estudiaron en su escuela de la localidad argentina de Caseros sufrieron supuestos abusos del mismo sacerdote, se les unió como denunciante en un caso que en julio llevó a la detención del cura, sospechoso de agresiones sexuales agravadas.
“Lamentablemente estamos apareciendo muchas, pero a la vez te llena de fuerza y esperanzas para poder seguir en esta lucha”, dijo a The Associated Press Maydana, de 22 años. “Y digo, bueno, a mi sobrina de nueve años que va a tomar la primera comunión no le va a pasar esto”.
Las acusaciones son parte de una tendencia al alza: mientras el papa Francisco dice estar determinado a cumplir su promesa de “tolerancia cero” con los abusos sexuales cometidos por sacerdotes en todo el mundo, las víctimas en su Argentina natal realizan denuncias a un nivel sin precedentes. Un análisis de AP mostró que el número de curas identificados públicamente como presuntos agresores sexuales ha aumentado drásticamente en los dos últimos años.
Los expertos atribuyen el repunte a un cambio cultural, ya que las víctimas se sienten con más valentía para denunciar los abusos, la fiscalía está más dispuesta a investigar las acusaciones, incluso en casos ocurridos hace décadas, los medios de comunicación son cada vez más proactivos a la hora de reportar estas situaciones y los juzgados no dudan en dictar sentencias ejemplares.
“Es un efecto dominó”, dijo Anne Barrett Doyle, codirectora de BishopAccountability.org, un grupo con sede en Estados Unidos que recopila datos de abusos del clero.
En Estados Unidos, se han dado a conocer archivos confidenciales de cientos de curas pedófilos a través de litigios civiles, acuerdos u órdenes judiciales. Su contenido reveló que altos cargos de la jerarquía eclesiástica actuaron en las sombras para controlar el escándalo y ocultar los casos a las autoridades y los feligreses.
“Lo que es realmente destacable aquí es que los sobrevivientes en Argentina no tienen las mismas herramientas legales que vemos en otros países, y aun así seguimos viendo un incremento significativo de los casos”, agregó Barrett Doyle.
La AP compiló una lista de 66 sacerdotes, monjas y otros religiosos que, desde 2001, han sido acusados de abusar presuntamente de docenas de personas, la mayoría niños. La cifra se obtuvo a partir de testimonios de las víctimas, documentos judiciales y eclesiásticos y reportes de medios locales corroborados con la base de datos de BishopAccountability.org. El número de denuncias nuevas por año se mantuvo en un solo dígito entre 2000 y 2015. Pero desde principios de 2016, las víctimas han identificado a 21 más, la mayoría acusados de abusos cometidos hace décadas.
“En Argentina estamos en el inicio recién de la crisis de los abusos”, dijo el obispo de San Francisco, en la provincia argentina de Córdoba, Sergio Buenanueva.
“Seguramente la Iglesia en Argentina va a conocer un in crescendo de estas denuncias”, añadió el prelado, que dirige una comisión en la Conferencia Episcopal Argentina que investiga este tipo de abusos.
Buenanueva dijo que la Iglesia está planeando crear su primera base de datos integral sobre abusos clericales. El obispo viajó recientemente al Vaticano, donde se reunió con miembros de la comisión que asesora a Francisco sobre el tema para discutir políticas de prevención para Argentina, incluyendo formar al clero para detectar a víctimas y agresores potenciales.
Los sobrevivientes de los abusos también están pasando a la acción. Maydana y sus compañeras de escuela, Mailin Gobbo, de 29 años, y Yasmin Detez, de 25, visitaron recientemente la iglesia y el colegio adyacente en el que estudiaron para describir a AP lo ocurrido, señalando que esperaban que esto ayudase a proteger a otros niños. Otras cuatro mujeres se sumaron a su denuncia.
“Exponerme no me importa si eso significa que otras personas van a poder hablar”, afirmó Gobbo, que decidió hacer público su caso tras el nacimiento de su hija.
Gobbo y Detez denunciaron que el cura abusó de ellas en una piscina y en la escuela.
“Me sentaba en sus piernas y me preguntaba si era una nena buena, mientras me daba besos en el cuello y me tocaba”, contó Detez mientras Gobbo lloraba a su lado.
El cura José dijo a la justicia que es inocente y que el caso ha prescrito. Además apeló su detención.
Algunos de los acusados siguen ejerciendo su labor pastoral. En varios casos no se realizaron investigaciones canónicas ni judiciales. Algunas denuncias fueron investigadas y rechazadas. Otras, especialmente en los últimos años, derivaron en detenciones y condenas.
Un tribunal de la provincia de Entre Ríos condenó en septiembre al cura colombiano Juan Diego Escobar Gaviria a 25 años de prisión por abusar sexualmente de cuatro niños, uno de ellos de 10 años. Esta es, hasta la fecha, una de las sentencias más severas contra un sacerdote pedófilo en Argentina.
“Me siento satisfecho con la condena”, dijo Alexis Endrizzi, de 18 años y quien fue abusado por Escobar cuando tenía 12. La justicia “se puso del lado de las víctimas”.
Otros dos religiosos de la misma provincia están a la espera de ser juzgados por presunta pedofilia a raíz de denuncias presentadas este año.
En uno de los casos más impactantes, al menos 20 alumnos del Instituto Antonio Próvolo para niños sordos y con problemas de audición, en la provincia de Mendoza, sufrieron presuntos abusos. Algunas de las víctimas dijeron que fueron sometidas por un cura italiano, Nicola Corradi, quien había sido acusado de lo mismo por docenas de estudiantes del Instituto Provolo de Verona, en Italia, donde nunca fue juzgado.
El octogenario Corradi fue acusado formalmente en noviembre por una fiscalía argentina y está bajo arresto domiciliario a la espera de ser enjuiciado. Su abogado declinó realizar comentarios sobre su cliente.
Los defensores de las víctimas se preguntan cómo Francisco podía no estar al tanto de las denuncias contra Corradi, que fue identificado públicamente por víctimas italianas de 2009 a 2014.
Uno de los casos que fue agravándose con el tiempo es el del sacerdote Héctor Ricardo Giménez, detenido tras varias denuncias de abuso en 1985 y 1996, pero a quien los tribunales dejaron en libertad.
En 2013, Julieta Añazco lideró a otras mujeres para enfrentar a Giménez mientras oficiaba una misa en la capilla de un hospital, acusándolo de haber abusado de ella y otras más décadas atrás, cuando eran niñas.
“Nos bañábamos en grupo. Se metía a las carpas duchas y nos enjabonaba con la excusa de ayudarnos”, dijo Añazco, presidenta de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico.
El arzobispado de La Plata dijo en un comunicado a AP que la Iglesia había hallado a Giménez culpable de abusos previos y que le había impuesto la pena de alejarlo del ejercicio del ministerio sacerdotal. Una sanción habitual en sacerdotes ancianos acusados de este tipo de delitos.
Añazco tuvo una reunión en el arzobispado en 2015, donde se le escucharon sus denuncias y se “compartió la crueldad de estos delitos y la importancia de que ninguno de los culpables quede impune”, agregó el comunicado.
Inicialmente la denuncia penal de Añazco fue desestimada, pero se reabrió más tarde y sigue bajo investigación, según su abogado.
AP intentó comunicarse con Giménez, de más de 80 años, en el asilo donde vive en la ciudad de La Plata, pero se negó a hablar.
La Iglesia, la justicia de Argentina y las autoridades civiles no han difundido cifras oficiales sobre los abusos clericales cometidos en el país y las victimas sufren el estigma.
Pero el papa Francisco telefoneó a Rufino Varela luego de que éste revelara que en su infancia fue abusado por un sacerdote en una escuela a la que también asistió el presidente argentino Mauricio Macri. Otros alumnos del centro dijeron a AP que sufrieron abusos del mismo cura, ya fallecido.
El pontífice señaló que nunca tuvo que enfrentarse a este problema como arzobispo de Buenos Aires, entre 1998 y 2013. Recientemente, reconoció que la Iglesia se demoró en reconocer la magnitud de este mal y los daños causados a las víctimas, y añadió que el problema residió en la práctica de encubrir y trasladar a los pedófilos.
Muchas sobrevivientes de abusos dicen sentirse abandonadas por la Iglesia.
“Te das cuenta de las complicidades, de cómo encubre la jerarquía de la Iglesia católica al cura abusador... hasta llegar al Vaticano”, dijo Añazco. ap
