Un nuevo informe recomienda invertir en el tratamiento de las personas drogodependientes y en el acceso a estos servicios de salud para las mujeres, los migrantes y las personas de bajos recursos.
La crisis de los opioides y el consumo de cocaína en América del Norte, el transporte de drogas en América Central y el Caribe y el cultivo de coca en América del Sur son preocupaciones que llevan un buen tiempo en la agenda de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Su más reciente informe aporta los últimos datos sobre la situación mundial de las drogas y revela indicios esperanzadores para el futuro.
Centroamérica y el Caribe
El informe constata que se trata de una región que continúa siendo una importante zona de tránsito de drogas ilícitas procedentes de los países productores, especialmente de América del Sur, como Colombia y Perú.
El 76% de la cocaína que se introdujo a Estados Unidos atravesó Centroamérica y México. El principal punto de reexpedición del tráfico fue la República Dominicana, con un total de más de 80 toneladas incautadas.
Además, se han perdido cientos de hectáreas de bosques en Guatemala, Honduras y Nicaragua debido al tráfico de cocaína.
“A través del tráfico de drogas se compran tierras con el fin de blanquear el dinero mediante la tala ilegal y la ganadería, también se abren pistas de aterrizaje y se perjudican importantes zonas de estos tres países que sufren los embates del tráfico ilícito de cocaína y la deforestación de su zona”, declara Luis Otárola Peñaranda, miembro de la Junta en el Perú.
Frente a ello, los gobiernos de la región han redoblado su esfuerzo para combatir el narcotráfico y la delincuencia transfronteriza. Por ejemplo, El Salvador, Guatemala y Honduras crearon la Fuerza de Tarea Trinacional para mejorar su cooperación en ese ámbito.
En cuanto al consumo, el informe asegura que se necesitan mejores datos para formular políticas y programas de reducción de la demanda de drogas ya que la región carece de estadísticas actualizadas.
“Se ha detectado que el cannabis es la droga que más se consume en la región y con unos índices de prevalencia de apropiadamente 2,1% de las personas de 15 a 64 años”, afirma Otárola.
América del Norte
En los Estados Unidos, el número de muertes por sobredosis de opioides reportadas en 2016 fue superior a 64.000.
“Se trata de grandes medicamentos, muchos de ellos sujetos a prescripción médica que contienen diversos tipos de sustancias aparentemente benefactoras de la salud, pero con el abuso y la amenaza de sobredosis se ha generado una estadística muy preocupante en lo que respecta a la pérdida de vidas. La cifra de muertos por sobredosis ha pasado a 142 muertes por día en el 2016, lo que ha originado que el gobierno federal tome medidas”, dice el representante de la JIFE.
La situación no es alentadora tampoco en Canadá, donde el número de sobredosis por estas drogas aumentó en un 194% de 2015 a 2016.
“Existe una sobre posición de las recetas médicas propiciadas muchas veces por campañas de las grandes empresas farmacológicas, que han generado un problema de salud pública y que la JIFE ha tomado debida nota de este problema y viene trabajando juntamente con las autoridades para hacer frente a este fenómeno”, agrega Otárola.
Además, desde la legalización del cannabis con fines recreativos en los Estados Unidos se ha producido un aumento del número de niños expuestos accidentalmente a esta sustancia. En el estado de Washington, el Centro de Toxicología reportó una mayor cantidad de llamadas y casos en relación con la intoxicación accidental de menores.
“En el caso de América del Norte, lo que se recomienda es una atención especial y un apoyo internacional para respaldar los esfuerzos del gobierno federal para hacer frente a la crisis de los opioides”, dijo el experto de la JIFE.
América del Sur
La superficie dedicada al cultivo de arbusto de coca en Colombia experimentó un aumento de más del 50%, de 96.000 hectáreas en 2015 a más de 146.000 en 2016.
“Sin embargo esta lamentable constatación tiene un revés de la medalla que es alentador, porque Colombia acaba de subscribir un acuerdo histórico con las Naciones Unidas a través del cual va a invertir más de quinientos millones de dólares para desarrollo alternativo para hacer frente no solamente al incremento de la superficie cocalera en la región sino también para desarrollar un programa inédito de inserción social de las poblaciones, producto del acuerdo de paz que ha conseguido este país”, afirma Otárola.
La Junta de Fiscalización expresó preocupación en su informe ante una ley que permite aumentar el cultivo de coca en Bolivia. El gobierno aprobó el año pasado la medida que permite cultivar hasta 22.000 hectáreas para el consumo del arbusto con fines tradicionales, sin embargo, algunos estudios demuestran que esto supera la superficie necesaria para satisfacer el consumo tradicional.
A pesar de las cifras, América del Sur reforzó la cooperación en los planos bilateral y multilateral. Los países de la región mejoraron el intercambio de información para ofrecer una respuesta adecuada a las actividades ilícitas relacionadas con las drogas mediante la coordinación de políticas y de las operaciones.
“Se exhorta a los gobiernos a hacer un seguimiento especial a los esfuerzos que viene haciendo el de Colombia para enfrentar de la manera más asertiva el problema de drogas y del tráfico de cocaína que es el desarrollo de la alternativa integral y sostenible y el trabajo con las poblaciones rurales a través de la entrega de títulos, la construcción de carreteras, el crédito bancario que es para el desarrollo de otros cultivos alternativos y que es a mejor manera de enfrentar el problema de las drogas en este aspecto concreto de la siembra ilegal de Coca”, dice Luis Otárola Peñaranda.
Otro aspecto resaltado por el informe es la puesta en marcha de iniciativas para regular el uso del cannabis para fines médicos y científicos en Argentina, Colombia, Paraguay y Perú.
Uno de los puntos centrales del estudio de la Junta este año y de aplicación a nivel mundial, es destacar que menos del 20% de las personas que necesitan tratamiento por drogodependencia tiene acceso a programas de ayuda, y aun cuando se dispone de estos, son a menudo de mala calidad.
“Reconocer que el tratamiento de la drogodependencia es un elemento del derecho a la salud contribuye a acabar con el estigma y la discriminación, que con demasiada frecuencia suponen un impedimento para el acceso al tratamiento”, expresó Viroj Sumyai, presidente de la JIFE.
El informe resalta que la estigmatización de las personas que consumen drogas también afecta considerablemente sus perspectivas de integración social.
El estudio exhorta a los gobiernos a prestar especial atención al tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de poblaciones específicas que sufren este flagelo, tales como las mujeres, los marginados sociales, los migrantes y los refugiados, las minorías étnicas y los reclusos, y ofrecerles tratamientos específicos que tengan en cuenta su contexto personal. Noticias ONU
