ONU - El relator especial sobre los derechos de los migrantes fue uno de los expertos que hicieron un llamado al Gobierno estadounidense para que aborde la situación de los jóvenes que se benefician del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, cuyo plazo vence oficialmente el 5 de marzo. (Foto: Relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales).
En septiembre de 2017 el Gobierno de Estados Unidos decidió derogar el programa que permite que algunos migrantes, que ingresaron ilegalmente como menores de edad al país, puedan evitar la deportación y obtener permisos de trabajo por un período de dos años y de forma renovable. Son los llamados dreamers, los jóvenes soñadores.
Sin embargo, dos jueces federales frenaron el cambio de política que estaba previsto para marzo. Esto significa que alrededor de 800.000 jóvenes, previamente aceptados en el programa, podrán solicitar la renovación de sus permisos de trabajo de momento.
“El plazo establecido era hasta el 5 de marzo y ahora con esta extensión que han conseguido una serie de cortes de circuito y sobre la cual la corte suprema no se ha pronunciado, sino que dice que tiene que continuar su curso procesal normal de esos asuntos, se da una oportunidad para una mayor reflexión y un debate legislativo que considere los derechos humanos de los migrantes, especialmente en una situación como esta en que se trata de personas con un arraigo y una contribución a Estados Unidos”, dice Felipe González Morales, el relator especial sobre los derechos de los migrantes.
“Me parece que eso da más tiempo para una reflexión en los distintos niveles del Estado .De una parte, por cierto, va a tener que haber decisiones a nivel judicial en los tribunales de circuito en los Estados Unidos, y por otra parte como se sabe también hay toda una discusión pendiente en el congreso de Estados Unidos respecto a esta materia”, agrega.
El 20 de febrero, González junto con varios expertos de derechos humanos, declararon en un comunicado que Estados Unidos debe proteger a los jóvenes soñadores de DACA, y no ponerlos en peligro.
“Este es un llamado que hicimos varios expertos independientes, entre ellos la relatora especial sobre racismo, el Grupo de Trabajo sobre Discriminación contra la Mujer y el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, porque nos parece que es una situación muy dramática que necesita ser abordada y que no puede dejarse en la situación expuesta en la que están cientos de miles de personas. En ese sentido es que nos hemos pronunciado, hacemos un llamado al Gobierno de Estados Unidos para que aproveche esta oportunidad y regularice a estas personas que realizan contribuciones muy importantes para el desarrollo de ese país”.
Los expertos expresaron que terminar el programa sin una alternativa y deportar a estas personas reforzaría además estereotipos raciales y estigmatizaría a los jóvenes migrantes trabajadores y respetosos de la ley.
“Los Estados han asumido una serie de obligaciones conforme a los tratados internacionales en relación con la situación de los migrantes, en ese sentido, cuando se trata de personas que tienen un arraigo importante en un país, o sea que llevan una cantidad de tiempo significativo o tienen vínculos familiares o laborales o de otro tipo, resulta imprescindible que ese sea un factor a considerar para regularizarlos. Ese es un aspecto sobre el cual nosotros estamos llamando la atención, es un punto muy central en la agenda internacional sobre migraciones, en el sentido en que los Estados no pueden simplemente deportar arbitrariamente a las personas.”
Además, se estima que la mayoría de estos migrantes son mujeres jóvenes, que corren el riesgo de ser expulsadas a países donde hay altos niveles de violencia, anarquía y delincuencia.
“A eso se suman los peligros que esto puede representar para migrantes deportados como el caso de los Dreamers. Si fueran deportados podrían encontrarse en situaciones de riesgo para sus vidas y libertad personal en los países a los cuales fueron retornados. Aquí estamos hablando de personas que llegaron siendo niños a Estados Unidos, que no tienen arraigo en otros países y cuya situación podría verse gravemente afectada en caso de ser deportados.”
González explica que la situación de estos migrantes no se soluciona con la extensión judicial de DACA y debe discutirse en el Congreso para lograr la regularización definitiva de su estatus. Además, resalta que los jóvenes soñadores no son un “peligro” para el país.
"El llamado que estamos haciendo va más allá de la cuestión del permiso de trabajo y el gobierno de Estados debe aprovechar esta situación para regular la situación de estos migrantes. Precisamente uno de los alegados problemas que invocan los Estados y que lo ha hecho también el gobierno de Estados Unidos en diversas oportunidades son los peligros que los migrantes suponen para los países y aquí estamos hablando de una situación totalmente opuesta. Estamos hablando de personas que tienen un arraigo social, que han realizado estudios en Estados Unidos o que han formado parte de los cuerpos militares, es decir personas que están insertas en la sociedad norteamericana. De manera que ese argumento que se suele invocar carece de todo fundamento en este caso."
Más de las tres cuartas partes de ellos llegaron de México, mientras que el resto proviene principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras. La mayoría tienen 25 años o menos, y muchos son estudiantes.
El experto explica también que a pesar de que el gobierno estadounidense decidió retirarse de la Declaración de Nueva York y no participar en el Pacto Global de Migración que busca una cooperación internacional fortalecida para facilitar la migración ordenada, regular y responsable, y que sería firmado en septiembre, aún tiene responsabilidades que cumplir en materia de las leyes internacionales y regionales en estas cuestiones.
"Estados Unidos se retiró del proceso de elaboración del Pacto, pero aun así hay que considerar que este no está operando a partir de nuevas decisiones o decisiones completamente originales de los Estados , sino que todo va en la línea de lo ya desarrollado y una serie de otras iniciativas, por ejemplo, cuando se creó la propia relatoría de los derechos de los migrantes en el año 1999 que tiene jurisdicción respecto a todos los Estados del mundo, eso fue sobre la base de que la protección de los derechos de los migrantes es un compromiso de todos los Estados. También hay una serie de instrumentos específicos tanto a nivel universal como a nivel regional: en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, está la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre entonces la cuestión sobre el Pacto Global de Migración es central y me parece que debiera en su momento también tener un impacto en los Estados Unidos."
Gonzalez lamentó que el país norteamericano se haya retirado del Pacto y aseguró que espera que se pueda reconsiderar esta medida en algún momento.
El Consejo de Derechos Humanos nombra a los relatores especiales de la ONU y expertos independientes para examinar e informar sobre un tema específico de derechos humanos o una situación en el país. Los puestos son honorarios y los expertos no son personal de la ONU, ni reciben un sueldo. | Noticias ONU