LA HAYA, Holanda (AP) — En una gran victoria legal para los miembros de la minoría musulmana rohinya, el máximo tribunal de Naciones Unidas ordenó el jueves a Myanmar que tomara todas las medidas en su poder para impedir un genocidio contra los rohinya.
La Corte Penal Internacional “es de la opinión que los rohinya en Myanmar continúan siendo extremadamente vulnerables”, indicó el presidente del tribunal, el juez Abdulqawi Ahmed Yusuf.
La orden de medidas provisionales para proteger a la comunidad es vinculante “y crea obligaciones legales internacionales” para Myanmar, añadió la corte.
Yasmin Ullah, una activista rohinya que vive en Vancouver y estaba en la sala para asistir a la decisión, lo describió como un fallo histórico.
“Que los jueces acordaran hoy por unanimidad la protección de los rohinya significa muchísimo para nosotros, porque ahora se nos permite existir, y es legalmente vinculante”, dijo a la prensa en las escaleras ante el tribunal.
Tras una sesión de una hora, los jueves también ordenaron a Myanmar que informara en un plazo de cuatro meses sobre las medidas tomadas para cumplir la orden, y después reportes cada seis meses mientras avanzara el proceso judicial.
Refugiados rohinya que viven en campos en Bangladesh celebraron la orden.
“Son buenas noticias. Damos las gracias a la corte, que ha reflejado nuestra esperanza de justicia. El veredicto demuestra que Myanmar se ha convertido en un país de torturadores”, afirmó por teléfono a The Associated Press Abdul Jalil, de 39 años, desde el campo de Kutupalong, en Cox’s Bazar.
Sin embargo, expresó sus dudas sobre que Myanmar obedeciera la decisión, indicando que “hay pocas posibilidades de que Myanmar escuche”.
Activistas humanitarios celebraron de inmediato la decisión, aceptada incluso por un juez temporal nombrado por Myanmar para integrar el tribunal de 17 jueces.
“La orden de la CPI a Myanmar de que tome medidas concretas para impedir el genocidio de los rohinya es un paso histórico para impedir más atrocidades contra uno de los pueblos más perseguidos del mundo”, dijo Param-Preet Singh, director asociado de justicia internacional de Human Rights Watch, con sede en Nueva York. “Los organismos de Naciones Unidas y gobiernos afectados deben intervenir ahora para asegurar que se aplica la orden y el caso sobre genocidio sigue adelante”.
Gambia llevó el caso ante el tribunal internacional en nombre de una organización de naciones con mayoría musulmana, que acusa a Myanmar de genocidio en su campaña de represión contra los rohinya.
Los jueces no se pronunciaron el jueves sobre el fondo del caso, que será instruido en un proceso judicial que probablemente dure años. Pero su orden de proteger a los rohinya dejó claro que temen por los ataques.
En sesiones públicas el mes pasado, abogados de la acusación emplearon mapas, imágenes por satélite e imágenes explícitas para detallar lo que describieron como una campaña de asesinatos, violaciones y destrucción equivalente a un genocidio perpetrado por el Ejército de Myanmar.
El juicio atrajo un intenso escrutinio, ya que Aung San Suu Kyi, que fuera un símbolo prodemocracia en Myanmar, defendió la campaña de las fuerzas armadas que la retuvieron 15 años bajo arresto domiciliario.
Suu Kyi, que como consejera de estado de Myanmar lidera el gobierno, recibió el Nobel de la Paz en 1991 por defender la democracia y los derechos humanos ante la junta militar que gobernaba entonces el país. El jueves no se encontraba en la sala.
Myanmar, un país de mayoría budista, considera desde hace años que los rohinya son “bengalíes” de Bangladesh, a pesar de que sus familias viven en el país desde hace generaciones. Desde 1982 se les ha negado la ciudadanía a casi todos, lo que en la práctica les convierte en apátridas. Tampoco disfrutan de libertad de movimiento ni otros derechos básicos.
En agosto de 2017, el Ejército de Myanmar lanzó lo que describió como una campaña de limpieza en el estado norteño de Rakhine en respuesta a un ataque de un grupo insurgente rohinya. La campaña obligó a más de 700.000 rohinyas a huir a la vecina Bangladesh y provocó acusaciones de que las fuerzas de seguridad habían quemado miles de casas y cometido asesinatos y violaciones masivas.
Suu Kyi dijo en diciembre a los jueces de la CPI que el éxodo había sido una trágica consecuencia de la respuesta militar a “ataques armados coordinados y generalizados” de insurgentes rohinya.
También instó a los jueces a desestimar el caso y permitir que la justicia militar birmana se ocupara de cualquier infractor. AP
