(Londres, 27 de abril de 2015) Un importante informe de ONU Mujeres, presentado hoy en siete lugares distintos de todo el mundo, recopila formulaciones de políticas económicas y de derechos humanos para exigir cambios de gran alcance a la agenda mundial de políticas con el objetivo de transformar economías y conseguir que los derechos y la igualdad de las mujeres sean una realidad.
El informe examina detenidamente cómo sería la economía si realmente fuese efectiva para las mujeres, en beneficio de todas y todos.
El informe examina detenidamente cómo sería la economía si realmente fuese efectiva para las mujeres, en beneficio de todas y todos.
Asimismo, refleja cómo la agenda económica alternativa que describe no sólo crearía sociedades más justas, sino que también generaría nuevos sectores de empleo, por ejemplo, en la economía relacionada con los cuidados. El informe se publica en un momento en el que la comunidad internacional se reúne para definir una nueva agenda transformadora a favor del desarrollo sostenible, y aparece 20 años después de la histórica Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing, China, que estableció una serie de objetivos ambiciosos para promover la igualdad de género.
Desde la Conferencia de Beijing, se han logrado avances significativos en muchas sociedades, especialmente a la hora de fomentar los derechos legales de las mujeres. Sin embargo, tal como refleja el informe, en una era de riqueza mundial sin precedentes, millones de mujeres siguen confinadas en trabajos mal remunerados, de poca calidad, sin poder disfrutar siquiera de una asistencia sanitaria básica, ni de acceso a agua limpia o saneamiento decente. A nivel mundial, sólo la mitad de las mujeres forman parte de la población activa, en comparación con las tres cuartas partes en el caso de los hombres. En las regiones en desarrollo, hasta el 95 por ciento del empleo de las mujeres corresponde al sector informal, con trabajos no amparados por la legislación laboral y sin protección social.
La carga del trabajo de cuidado no remunerado sigue recayendo en las mujeres, un trabajo que se ha visto intensificado como consecuencia de políticas de austeridad y recortes. Para construir economías más justas y sostenibles, que sean de utilidad para las mujeres —y los hombres—, hay que empezar a hacer las cosas de forma distinta.
“Nuestros recursos públicos no se dirigen allí donde son más necesarios: por ejemplo, para garantizar agua segura y saneamiento, atención sanitaria de calidad, y servicios de asistencia decentes para la infancia y las personas de edad. Cuando no existen servicios públicos, las carencias se ceban principalmente en las mujeres y las niñas”, afirmó la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka. “Esta falta de servicios castiga injustamente a las mujeres cuando el Estado no ofrece recursos, y afecta a miles de millones de mujeres en todo el mundo. Necesitamos políticas que faciliten que tanto las mujeres como los hombres puedan cuidar de sus personas queridas sin tener que sacrificar su propia seguridad económica, prosperidad e independencia”, añadió.
Mediante datos y análisis sólidos y exhaustivos, este informe basado en pruebas formula 10 recomendaciones clave con medidas que pueden adoptar los gobiernos y otras partes para avanzar hacia una economía que sea realmente efectiva para las mujeres, en beneficio de todas y todos.
El informe refleja la visión de una economía mundial aceptable para las mujeres, en la que tengan un acceso igualitario a los recursos productivos y la protección social, una economía que les garantice ingresos suficientes con los que lograr un nivel de vida adecuado. Esta economía respetaría y valoraría el trabajo que realizan las mujeres; eliminaría los estereotipos sobre lo que las mujeres y los hombres pueden y deben hacer; y garantizaría que las mujeres puedan trabajar y vivir sin sufrir violencia ni acoso sexual.
Sin embargo, la realidad es muy diferente.
Como indica el informe, a nivel mundial y en promedio, las mujeres cobran un 24 por ciento menos que hombres. La brecha en el caso de las mujeres con hijas e hijos es aún mayor: en Asia meridional, por ejemplo, la diferencia de remuneración por motivo de género es del 35 por ciento cuando se trata de mujeres con hijas e hijos (en comparación con el 14 por ciento para aquellas sin descendencia). A esta enorme carga para las mujeres por cuidar a otras personas, se añaden tasas inferiores de participación en la población activa, diferencias de remuneración por motivo de género y un menor acceso a las pensiones. En Francia y Suecia, las mujeres ganarán un 31 por ciento menos que los hombres a lo largo de su vida; en Alemania, un 49 por ciento menos que los hombres; y, en Turquía, una mujer en promedio ganará un abrumador 75 por ciento menos que un hombre a lo largo de su vida.
Las mujeres se ven limitadas a una serie de ocupaciones infravaloradas. Por ejemplo, el 83 por ciento de trabajadores domésticos de todo el mundo son mujeres y prácticamente la mitad de ellas no tienen derecho al salario mínimo. Incluso en los casos en los que las mujeres consiguen prosperar profesionalmente, se encuentran con obstáculos a los que normalmente los hombres no tienen que enfrentarse. Por ejemplo, en la UE, el 75 por ciento de las mujeres en puestos de dirección y profesionales más elevados y el 61 por ciento de las mujeres en ocupaciones del sector de servicios han sufrido algún tipo de acoso sexual en el lugar de trabajo a lo largo de su vida.
Una economía diseñada teniendo en cuenta las necesidades de las mujeres les proporcionaría igualdad a la hora de influir en la toma de decisiones económicas: desde la manera en la que se invierte el tiempo y dinero en sus hogares o cómo se reúnen y asignan los recursos a nivel nacional hasta el modo en que se establecen los parámetros económicos más generales por parte de instituciones mundiales.
Las mujeres siguen sin contar con suficiente representación en puestos de liderazgo económico, desde sindicatos hasta juntas corporativas, desde ministerios de finanzas hasta instituciones financieras internacionales. La afiliación de mujeres a los sindicatos está creciendo en algunos países, pero en raras ocasiones éstas llegan a ocupar puestos de alta dirección. En 2014, en seis de las instituciones económicas mundiales más influyentes, la representación de las mujeres en sus juntas osciló entre el 4 y el 20 por ciento.
Por medio de estudios de caso y ejemplos concretos de cambios, desde Bolivia a Botswana, el informe insta a lograr un cambio de paradigma en la manera en la que los gobiernos, las instituciones financieras, las empresas y la sociedad civil contemplan la política económica y los derechos humanos, con el propósito de definir una agenda económica alternativa en la que las mujeres y sus derechos desempeñen un papel central.
“La nueva agenda económica que defiende ONU Mujeres no es una quimera. Muchos países, incluidos países en desarrollo con bajos ingresos, ya están implementando elementos de esta agenda”, afirmó Shahra Razavi, Directora de la Sección de Investigación y Datos de ONU Mujeres y principal autora del informe. “El tipo de cambio que necesitamos es de gran alcance, pero puede conseguirse”.
Las recomendaciones clave del informe subrayan que, con la combinación adecuada de políticas económicas y sociales, los gobiernos pueden generar empleos decentes para las mujeres —y los hombres— y garantizar que el trabajo de cuidado no remunerado que sostiene todas las economías esté reconocido y cuente con apoyos. Los servicios sociales bien diseñados (por ejemplo, servicios de atención y salud) y medidas de protección social (por ejemplo, pensiones) pueden mejorar la seguridad de los ingresos de las mujeres, desde su nacimiento hasta la vejez, y aumentar su capacidad de aprovechar oportunidades económicas y ampliar sus opciones vitales.
Las políticas macroeconómicas pueden y deben respaldar el cumplimiento de los derechos de las mujeres, creando economías dinámicas y estables, generando empleos decentes y movilizando recursos para financiar servicios públicos esenciales. Los gobiernos deben ir más allá de antiguas métricas de crecimiento como el PIB y la baja inflación, y, en cambio, cuantificar el crecimiento en términos de cumplimiento de los derechos humanos.
Los derechos económicos y sociales de las mujeres —es decir, el derecho a un empleo decente, a la atención sanitaria y a una vida sin violencia ni discriminación— están consagrados en tratados de derechos humanos, tratados que prácticamente todos los gobiernos del mundo han firmado. En última instancia, los gobiernos son responsables de cumplir estos derechos, pero no lo pueden hacer solos. Las instituciones financieras internacionales y el sector privado se encuentran entre los principales actores que dan forma a la economía. Ambos han de someterse a la rendición de cuentas por parte de la sociedad civil y el público a fin de desempeñar el papel que se espera de ellos.
Los cambios propuestos por el informe no sólo lograrán que la economía sea útil para las mujeres, sino que también beneficiarán a la mayoría de hombres para quienes la economía tampoco es efectiva. El informe defiende que el progreso de las mujeres es el progreso de todas y todos.
Para leer el informe completo [en inglés] y el resumen ejecutivo [en español], visite: http://progress.unwomen.org/
