El 19 de agosto de 2006, en Costa de Marfil se vertieron desechos tóxicos en 18 lugares de la ciudad de Abiyán y sus alrededores. Más de 100.000 personas requirieron asistencia médica, y en los lugares donde tuvo lugar el vertido hubo que realizar intensos trabajos de limpieza y descontaminación. Los residentes temen que la zona esté aún contaminada.
Fue uno de los peores desastres causados por una empresa en el siglo XXI, y las operaciones que condujeron al vertido fueron coordinadas desde una oficina de Londres por empleados de la multinacional comercializadora de materias primas Trafigura.
Trafigura generó los residuos al utilizar sosa cáustica para "lavar" un producto del petróleo extremadamente sulfuroso denominado nafta de coker a bordo de un barco en el mar. Una vez lavada, Trafigura pensaba mezclar la nafta con gasolina y venderla con unos beneficios de unos 7 millones de dólares estadounidenses por carga.
Una empresa local contratada por Transfigura para que se deshiciera de los residuos por sólo 17.000 dólares los vertió en Abiyán.
Los empleados de Trafigura en Londres fueron responsables de comprar la nafta, coordinar las operaciones de lavado, decidir qué se hacía con los residuos resultantes y organizar su vertido en Costa de Marfil. Trafigura niega cualquier responsabilidad sobre el vertido y sostiene que creía que la empresa local se desharía de los residuos de forma segura y legal.
¿Por qué no investigan el papel que jugó una empresa británica en un desastre que tiene tanto que ver con Reino Unido? Ésta pregunta ha saltado al primer plano en los últimos tiempos en vista de la lentitud con que parecen haber respondido las autoridades británicas ante las denuncias de corrupción de la FIFA y del caso SwissLeak del HSBC, a pesar de que había motivos fundados para investigar. Según el trabajo de Amnistía Internacional en el caso Trafigura, todo apunta a una preocupante respuesta: Reino Unido sencillamente no está preparada para poner en manos de la justicia a empresas poderosas y con recursos, especialmente cuando están implicadas en delitos cometidos en el extranjero.
Durante todo este año, Amnistía Internacional ha presionado a las autoridades británicas para que abran una investigación penal sobre Trafigura y su personal. En marzo de 2015, la Agencia de Medio Ambiente británica se negó a investigar los hechos, a pesar de reconocer que “se habría cometido un delito grave” si nuestras denuncias fueran ciertas. Este organismo afirmó que carecía de recursos, capacidad y conocimientos para investigar este tipo de casos, especialmente contra una gran empresa que probablemente dilataría el caso bastante tiempo.
Con el aumento del poder de las empresas multinacionales y la globalización de los delitos, es necesario que las autoridades británicas dejen claro que se exigirán responsabilidades a las empresas británicas que cometan delitos graves en sus operaciones globales. Pero en este momento el mensaje que están transmitiendo es el contrario: que las multinacionales de hecho son demasiado poderosas para emprender acciones judiciales contra ellas. Ya es hora de que Reino Unido actúe con firmeza ante los delitos de las empresas
El primer paso es crear leyes adecuadas a la época de las multinacionales. Concretamente, Reino Unido podría tipificar como delito empresarial no impedir que se cometa un grave delito en las operaciones globales de una empresa. De esta manera, la empresa sería responsable de dicho delito salvo que pudiera demostrar que ha aplicado los procedimientos adecuados para evitarlo.
Reino Unido ha emprendido iniciativas similares contra empresas radicadas en suelo británico que han estado implicadas en sobornos en el extranjero, y recientemente se ha comprometido a hacer lo mismo con la evasión fiscal extraterritorial y otros delitos económicos internacionales. Pero los vertidos figuran entre esos otros delitos empresariales graves –junto con el homicidio y las violaciones graves de la salud y la seguridad– para los que no existe un recurso legal equivalente cuando se cometen en el extranjero, a pesar del devastador impacto que pueden tener en las vidas de la gente.
Esto hace que sea sumamente difícil encontrar un fundamento jurídico para investigar a las multinacionales en Reino Unido que están implicadas en graves abusos contra los derechos humanos u otras violaciones en el extranjero. Por ejemplo, si el vertido hubiera sido en Reino Unido, Trafigura habría violado el artículo 34 de la Ley de Protección del Medio Ambiente de 1990, que exige que los generadores de residuos tomen todas las medidas razonables para asegurarse de que el tratamiento de dichos residuos es el adecuado. Como el vertido fue en Costa de Marfil, esa ley no se aplica, sino que tenemos que basarnos en un delito de conspiración para encontrar un fundamento legal para que las autoridades británicas investiguen a Trafigura.
Incluso con nuevas leyes, las autoridades británicas también necesitan más apoyo y mejores instrumentos para poder emprender investigaciones y procesamientos contra poderosas multinacionales cuyos recursos parecen inagotables.
En vez de eso, Reino Unido ha sufrido recortes presupuestarios y a menudo carece de los conocimientos, las habilidades y la capacidad necesarios para fundamentar adecuadamente una causa contra una multinacional. La policía, si bien cuenta con algunos departamentos especializados que se ocupan de delitos de empresas tales como los sobornos en el extranjero, se centra más en investigar delitos concretos dentro de Reino Unido. Normalmente no tiene redes de informadores en las empresas, no dispone de los conocimientos técnicos necesarios para recopilar y analizar cantidades inmensas de mensajes de correo electrónico y otros datos, ni tampoco cuenta con los conocimientos financieros precisos para analizar los flujos de dinero.
En un momento en el que el gobierno británico trata de reducir la burocracia, hay quien dirá que aumentar las normativas puede ser contraproducente y poner en peligro la competitividad de las multinacionales británicas. También habrá quien argumente que este tipo de delitos no tienen nada que ver con Reino Unido y que debe ocuparse de ellos el país donde se cometen. En la realidad, esto raramente sucede dada la probable influencia política y económica de la empresa en dicho país. Y esta afirmación, además, pasa por alto que es Reino Unido quien debe actuar cuando unas empresas que operan desde su territorio no cumplen las normas que se esperaría de ellas aquí.
Casos como el de Trafigura demuestran que no regular los actos de las multinacionales puede tener devastadoras consecuencias para los derechos humanos. Ahora más que nunca, las multinacionales no deben ser demasiado poderosas para procesarlas. Amnistía Internacional
