27 de julio, 2016. Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos pidió hoy al Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, al igual que a los legisladores, proteger el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas en el país.
El llamado surge debido a que el Senado dominicano se dispone a debatir la reforma del Código Penal, que había sido aprobada por la Cámara de Diputados y promulgada por el Presidente en 2014.
Dicha reforma despenalizaba parcialmente el acceso a los servicios de aborto bajo tres circunstancias: cuando la vida de una mujer o niña embarazada estaba en riesgo, cuando el feto no podía sobrevivir fuera del útero, y cuando el embarazo era producto de una violación o incesto.
Los expertos advirtieron que la propuesta de enmienda al Código Penal que discutirá el Senado es un retroceso para los derechos de las mujeres.
“Exhortamos a las autoridades dominicanas a derogar todas las disposiciones legales restrictivas sobre el aborto, especialmente en casos de riesgo a la salud, incluida la salud mental, de las mujeres y niñas, así como en casos de violación o incesto y de deterioro grave del feto”, recalcaron.
Subrayaron que es muy preocupante que, según la enmienda, la interrupción del embarazo sólo sería permisible cuando hubiera riesgo para la vida de la mujer o niña embarazada.
Los expertos afirmaron que reducir el acceso a los servicios de salud viola el derecho de mujeres y niñas a ser protegidas contra la discriminación basada en el género y a estar libres de tortura y malos tratos.
Recordaron que las leyes restrictivas sobre el aborto agravan los riesgos de salud y seguridad y empujan a las mujeres a someterse a soluciones desesperadas que les pueden costar la vida.
El nuevo texto del Código Penal también establece que las mujeres que se inducen la terminación de su embarazo serán sentenciadas a 2 o 3 años de cárcel y que los profesionales de la salud que realicen abortos serán condenados a entre 4 y 10 años de prisión.
Los expertos firmantes del llamamiento son Alda Facio, presidenta del Grupo de Trabajo sobre la discriminación de la mujer, y los relatores sobre derecho a la salud, Dainius Püras; sobre tortura, Juan Méndez; y sobre violencia contra la mujer, Dubravka Šimonovic.
