SANTIAGO DE CHILE (AP) -- La presidenta chilena Michelle Bachelet enfrentó el lunes las críticas de exmilitares y policías que han señalado a su gobierno por supuestas irregularidades en los procesos contra 1.200 enjuiciados por violaciones a derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Tras una ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno para recordar el golpe militar que dio inicio a la dictadura hace 44 años, Bachelet advirtió: ?No voy a permitir que se pretenda hacer ver el legítimo anhelo de justicia y reparación de miles de familia en Chile como revanchismo?. Agregó que avanzar en la convivencia cívica ?exige verdad e implica justicia; no echar tierra donde desgraciadamente ya se ha echado mucha tierra durante demasiado tiempo?.
En una carta publicada hace tres días, 16 excomandantes de las fuerzas armadas y miembros de la policía no detallan qué presuntas irregularidades existirían en los procesos de los enjuiciados, pero afirman que se han abierto nuevos juicios no vinculados a desapariciones o muertes, que se discrimina a los militares que actuaron en la dictadura sin considerar que también hubo ?otros actores, activos y pasivos? y que las penas son muy altas.
En el documento además criticaron el presunto ?ensañamiento para mantener presas a personas ancianas que incluso han perdido la noción de lo que sucede? y mostraron su desacuerdo por el posible cierre del penal de Punta Peuco.
En esta cárcel ubicada a 40 kilómetros al norte de Santiago están presos unos 90 exmilitares por violaciones a derechos humanos. Sin embargo, familiares de las víctimas de la dictadura Pinochet han pedido que se cierre debido a que el lugar cuenta con jardines y televisión entre otras comodidades. Solicitan también que se les transfiera a una prisión donde estarían aislados de los presos comunes, en un sitio aledaño a la cárcel común Cordillera I.
Bachelet prometió en 2015 que cerraría el penal, pero el plan no se ha concretado ni la mandataria ha dado mayores detalles sobre el tema. Éste, su segundo mandato, terminará en marzo de 2018.
Según cifras oficiales, la dictadura dejó 3.065 opositores asesinados, unos 1.200 desaparecidos y casi 36.000 presos políticos y torturados. En 27 años de democracia sólo se han identificado 153 desaparecidos por el análisis de fragmentos de sus huesos.
Durante el evento del lunes, Bachelet anunció que enviaría al Congreso un proyecto para discutir el levantamiento del secreto que pesa sobre el informe Valech I. Este documento contiene las declaraciones de unos 35.000 expresos políticos que relataron sus vivencias durante la represión y detalles sobre sus victimarios.
?No podemos permitir justificaciones de los injustificable, verdades a medias o pactos de silencio que agravan el dolor y el daño. Es una deuda con nuestra historia?, aseveró Bachelet.
Señaló que, de autorizarse la revelación de la información que posee el documento, su contenido se entregaría a tribunales para avanzar en los procesos de los detenidos. De este modo, podrían darse a conocer nuevos datos que permitan llevar ante la justicia a algunos victimarios que se mantienen impunes. AP
