Ciudad del Vaticano, 21 feb (EFE).- La histórica reunión que comenzó hoy en el Vaticano con la jerarquía de la Iglesia católica para abordar el problema de los abusos sexuales por parte del clero comenzó este jueves con un reconocimiento del papa Francisco de que se le piden "propuestas concretas" y con la publicación de 21 ideas sobre las que empezar a trabajar.
Ante 190 personas reunidas hasta el domingo en el Vaticano, entre ellas 114 representantes de las conferencias episcopales, Francisco indicó que lo que se espera de su Iglesia no es solo condenar los abusos de sus clérigos sino "medidas concretas y efectivas" para erradicarlos.
"El pueblo de Dios nos mira y espera de nosotros no simples y obvias condenas, sino medidas concretas y efectivas", afirmó el papa.
Y para empezar a trabajar, se distribuyó entre los participantes una lista con 21 propuestas que han realizado los diferentes comités y conferencias episcopales y que el experto en la lucha contra los abusos y secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, definió como una "hoja de ruta" que guiará el debate en estos días.
Entre los 21 puntos -el papa dijo que son "un simple punto de partida"- figura "la elaboración de un vademécum en el que se especifican los pasos a seguir por la autoridad en todos los momentos clave del surgimiento de un caso".
También se propone crear "centros de escucha, compuestos por personas capacitadas y expertas, donde se ejerza un primer discernimiento de los casos de las presuntas víctimas".
Otro de los puntos propuestos que más sorprendió es elevar a 16 años la edad mínima para el matrimonio. El Derecho Canónico establece ahora la edad mínima para casarse en 14 años para las mujeres y en 16 para los hombres.
Entre los puntos a debate, se incluyen "informar a las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas superiores de conformidad con las normas civiles y canónicas" e "implementar procedimientos compartidos para el examen de las denuncias, la protección de las víctimas y el derecho de defensa del acusado".
Otros puntos son "establecer protocolos específicos para la gestión de las acusaciones contra los obispos" y cursos de formación continua para "obispos, superiores religiosos, clérigos y trabajadores pastorales".
Una de estas propuestas "concretas" es también la de garantizar "la proporcionalidad del castigo con respecto al delito cometido", es decir que "los sacerdotes y obispos culpables de abuso sexual de menores tienen que ser expulsados de sus cargos".
También se propone "realizar una evaluación psicológica a cargo de expertos cualificados y acreditados para los candidatos al sacerdocio y la vida consagrada".
A algunas de las asociaciones de víctimas de abusos por parte del clero no les pareció que estas propuestas reflejen la "tolerancia cero" prometida.
El español Miguel Hurtado, que denunció por abusos sexuales a un monje de Montserrat (Cataluña), consideró estas propuestas "muy vagas" y "muy flojas" y lamentó que no incluyen "las medidas básicas para garantizar la tolerancia cero" como que si "abusas de un niño te tienes que ir inmediatamente a la calle" o la "obligación de denunciar automáticamente todos los casos a la Policía".
"Si esto es lo mejor que el papa tiene que ofrecer, esta cumbre va a ser un absoluto fracaso", zanjó.
La reunión comenzó con un puño en el estómago para los presentes ya que se escucharon los testimonios grabados de víctimas que relataron las violaciones sufridas y cómo una y otra vez se ignoraron sus denuncias.
"Lo primero que hicieron fue tratarme de mentiroso, darme la espalda y decir que yo y otros éramos enemigos de la Iglesia", explicó en un vídeo el chileno Juan Carlos Cruz, que denunció al sacerdote Fernando Karadima, según la transcripción proporcionada por el Vaticano.
Una mujer africana relató que desde que tenía quince años fue obligada a mantener relaciones sexuales con un sacerdote: "Estuve embarazada tres veces, él me hizo abortar tres veces". relató.
Durante la sesión de la mañana se escucharon las ponencias del arzobispo de Manila, el cardenal Luis Antonio Tagle, que lanzó una dura acusación a los obispos por haber abandonado a las víctimas.
Scicluna recordó a los responsables de las Iglesias locales que tienen el deber de respetar "los protocolos existentes" y "las leyes civiles y nacionales".
