SAN DIEGO (AP) — Varios solicitantes de asilo obligados a esperar en México mientras una corte de inmigración en Estados Unidos examina sus casos dijeron el martes a un juez tener miedo de regresar a territorio mexicano para aguardar hasta su próxima audiencia, un nuevo problema derivado de un importante cambio en una política estadounidense.
Los siete casos que se procesan en una corte del centro de San Diego figuran entre los primeros en avanzar bajo la política del gobierno del presidente Donald Trump que estipula que las personas que pidan asilo en Estados Unidos permanezcan en México.
Las comparecencias iniciales tuvieron lugar tres días antes de que un juez federal en San Francisco se disponga a escuchar los argumentos de grupos defensores de los inmigrantes de que se ponga fin a dicha política.
La abogada Robyn Barnard solicitó acceso, al menos telefónico, a cualquier entrevista que su cliente hondureño tenga con funcionarios estadounidenses en relación a si sus temores de regresar a México están bien fundados.
Jason Aguilar, abogado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), no objetó la petición de Barnard pero la remitió a otras agencias pertenecientes al Departamento de Seguridad Nacional.
El ICE dijo que no haría declaraciones porque hay un juicio en marcha, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) no hizo comentarios por el momento.
Los acontecimientos plantearon más interrogantes sobre el nuevo enfoque del gobierno para atender las peticiones de las personas que dicen temer si regresan a sus países debido a peligros relacionados con raza, religión, creencias políticas, nacionalidad o pertenencia a determinados grupos sociales.
El gobierno confía en que obligar a los solicitantes de asilo a esperar en México desaliente las peticiones con poco sustento y contribuya a reducir los más de 800.000 casos acumulados en los tribunales de inmigración. En la actualidad, las familias son puestas en libertad en forma ordinaria en Estados Unidos y se les notifica que se presenten ante el tribunal. Pueden permanecer en el país mientras sus casos son resueltos, lo que puede tardar años.
Los detractores afirman que los solicitantes de asilo son obligados a una espera en entornos inseguros y tendrán dificultades para encontrar orientación jurídica en México. Tijuana tuvo más de 2.500 homicidios el año pasado.
El cambio de política es aplicado en momentos en que familias de Guatemala, Honduras y El Salvador llegan a la frontera estadounidense en busca de asilo.
Cinco de las siete personas que tenían previsto comparecer el martes estuvieron representadas por abogados. Seis eran hondureñas y una guatemalteca.
El hondureño Gerson Alonzo Beltrand, por quien habló Barnard, manifestó temor de regresar a Tijuana, pero la respuesta del abogado del gobierno no dejó claro si Seguridad Nacional aceptaría su petición. Un juez programó para el 6 de agosto una audiencia sobre los méritos de esa solicitud de asilo.
“Señor, hicimos un progreso importante en su caso esta tarde”, le dijo Rico Bartolomei, juez principal de inmigración en San Diego.
The Associated Press fue testigo de uno de los siete casos en un pequeño tribunal antes de que guardias de seguridad despejaran a una gran multitud de los pasillos.
Lisa Knox, abogada de dos hondureños, estuvo en la sala y señaló que tres solicitantes de asilo manifestaron temor de regresar a México.
Knox dijo que el juez aplazó hasta principios de mayo los casos que ella lleva a fin de darle más tiempo para prepararlos. Un hombre no compareció porque estaba detenido en otra parte de Estados Unidos.
El cambio de política, que se dio luego de meses de conversaciones de alto nivel con México, fue aplicado en forma lenta con un promedio de 40 personas a la semana regresadas a Tijuana desde San Diego en los primeros seis meses. México estuvo de acuerdo en aceptar 120 a la semana.
Funcionarios estadounidenses comenzaron la semana pasada a regresar a personas a Mexicali, México, desde Calexico, California, y dijeron que tenían intención de ampliar la práctica en toda la frontera.
Mexicanos y niños que viajan solos están exentos de la política.
Funcionarios de Estados Unidos y México consideran el cambio de política una medida unilateral del gobierno de Trump. México ha dicho que por razones humanitarias permite a los solicitantes de asilo esperar en su territorio. AP
Foto: Solicvitantes de asilo a EEUU en la frontera de Tijuana, Baja California México
