Las leyes estatales dicen que todos los niños —incluso los que no tengan residencia legal en el país— deben asistir a la escuela al menos hasta el octavo grado o hasta los 16 años de edad. Muchos estados permiten que los estudiantes se inscriban más allá de esa edad, de acuerdo con la Comisión de Educación de los Estados.
Los investigadores del centro dicen que los niños han enfrentado retrasos en la inscripción dejándolos fuera de las aulas como resultado de interpretaciones arbitrarias en algunos distritos de las reglas de residencia y las leyes estatales, dijeron los investigadores.
Adicionalmente, la falta de servicios de traducción e interpretación evitan que las familias de los niños estén informadas sobre el proceso, según el informe.
Los intentos del gobierno de encontrar y deportar a decenas de miles de niños centroamericanos no acompañados y a las familias que llegaron durante la oleada de cruces ilegales de 2014 complicaron aún más la situación, pues llevaron a algunos estudiantes a evitar ir a la escuela por temor de que fueran detenidos por las autoridades, dijeron los autores del informe.
“La ley estadounidense es clara en este punto: ningún niño en Estados Unidos debe ser excluido de la educación pública”, dijo Mikaela Harris, una estudiante de Derecho del centro y coautora del estudio publicado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad y la organización no lucrativa Women's Refugee Commission (Comisión de Mujeres Refugiadas). “Eso no siempre se manifiesta en la práctica”, añadió.
En mayo de 2014, el entonces secretario de Educación, Arne Duncan, emitió una pauta conjunta con el Departamento de Justicia por recordarle a los distritos que una sentencia del Tribunal Supremo de 1982 da a todos los niños el derecho a inscribirse en la escuela, sin importar su estatus migratorio.
El informe del centro, que estudió distritos escolares en Florida, Nueva York, Texas y North Carolina, recomendó que se refuerce el apoyo federal a los distritos que no están acostumbrados a atender a poblaciones recién llegadas y a dar mejores garantías de que se mantiene el acceso educativo mientras al mismo tiempo se aplica la ley de inmigración.
